Por una fiscalidad eficaz

Intervención de Clemente Hernández Pascual (Miembro de Attac-Alacant y exprofesor de la Universidad de Alicante), durante el  

I SEMINARIO DE INAUGURACIÓN MCAD UA: CHARLA-COLOQUIO “FRAUDE Y REFORMA FISCAL: LA COMPLICIDAD CON LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE”

Buenas noches, gracias por su asistencia. Voy a centrar mi intervención en una breve pincelada a la ideología y al contexto que subyacen en las políticas presupuestarias seguidas en España, con mayor o menor énfasis atendiendo al color político del partido de gobierno.

Todos los fiscalistas suelen estar de acuerdo en que un sistema fiscal debe ser suficiente, equitativo y eficiente, y por tanto su eficacia se puede medir por la aproximación a esos objetivos finalistas. Como todos los gobiernos suelen justificar sus políticas presupuestarias, precisamente, en la búsqueda de esos objetivos, es notorio que en la práctica afloran diferencias sustantivas en su evaluación que remiten a pugnas ideológicas y de interés. Estos conceptos no significan, pues, lo mismo para todas las personas o se supone que hay que sacrificar unos para alcanzar los otros. Así, la “quiebra fiscal y el efecto nocivo sobre el empleo de los impuestos al capital y el gasto público” es, normalmente, el fantasma con el que se suelen justificar los recortes en los servicios de bienestar social.

Como Carlos Cruzado aportará datos suficientes para calificar al sistema fiscal español, yo prefiero situarme en el terreno de las ideas y del contexto que está detrás de las políticas fiscales que hemos seguido

LAS IDEAS

LA SUFICIENCIA tiene que ver con que los ingresos públicos sean adecuados para financiar el gasto público, pero este principio interpretado por el pensamiento neoliberal que hoy nos gobierna se traduce en una carrera para alcanzar el déficit cero todos y cada uno de los años, sin atender a la coyuntura del momento; mientras que en la tradición Keynesiana ese objetivo se evalúa a lo largo del ciclo económico, de tal modo que se produzcan déficits en etapas de desempleo y superávits en etapas de elevada inflación y pleno empleo.

Pero también este concepto alude al TECHO DE GASTO PUBLICO deseable. Así, para las ideologías más individualistas debe primar el consumo y la inversión privada frente al gasto público, que solo se justifica si no se puede suministrar por el sector privado, favorece el incremento de la productividad y se financia con tasas; pero para las ideologías más sociales, lo prioritario es la dotación de bienes y servicios públicos básicos y con carácter universal: esto es, garantía de rentas monetarias mínimas y consumo colectivo frente al consumo privado de bienes y servicios prescindibles y al que no tienen acceso todas las personas. No es atentar, pues, contra el consumo privado básico, sino que se trata de garantizar un sistema de previsión universal ante el riesgo de exclusión.

En cuanto a LA EQUIDAD, el pensamiento liberal y conservador atribuye al mercado la virtud de asignar rentas a cada cual según su mérito (en palabras técnicas, su productividad) y, por tanto, las diferencias de renta y patrimonio que resultan de confrontar la oferta con la demanda son legítimas y justas, pues cada cual recibe en función de su esfuerzo y utilidad a los demás. En otras palabras, los ricos y los pobres lo son porque se lo merecen y no tienen por qué contribuir más unos que otros a la financiación de los servicios públicos, que deben ser pagados con tasas e impuestos al consumo. A lo sumo, se puede tolerar un Estado asistencial que colabore con los mecenas privados en prácticas caritativas a la población menesterosa y evite los problemas de orden público asociados a la pobreza y la desigualdad. Utilitarismo del gasto social alejado de cualquier idea de justicia, pues al ser interiorizado como el coste de mantener la paz social y la legitimación de las desigualdades, reducir ese gasto es coherente con alcanzar una mayor eficiencia del sistema. 

 

Esta idea interesada, ignora el desigual poder de negociación que en los mercados tienen las distintas empresas, empresarios y trabajadores; también ignora la evidencia de correlación entre la probabilidad de éxito en los mercados y la extracción social y familiar de la que se procede, así como de las condiciones generales del país y las reglas de juego económico impuestas y que benefician más a unos que a otros. En otras palabras, para las ideologías más sociales, la desigualdad de los mercados es injusta y debe ser compensada por un sistema fiscal progresivo, con una mayor carga impositiva a las familias y empresas de mayor renta y patrimonio y por la percepción de ayudas en dinero o en especie a las capas más desfavorecidas por el mercado. No es, por tanto, un problema de caridad o humanitarismo sino de derechos y justicia distributiva¹.

Por último, LA EFICIENCIA tiene que ver con el impacto de los presupuestos sobre la generación de empleo y el ciclo económico. Así, los liberales dirán que mejor esperar que las crisis las resuelva el mercado- aunque en el interín los pobres acaben todos muertos- y que el mejor Estado es el Estado mínimo y que incentiva la iniciativa privada, disminuyendo la presión fiscal a los empresarios y las barreras a las empresas.

Frente a esta idea que tanto daño causa en la sociedad, desde keynesianos a marxistas preferirán corregir al mercado, utilizando estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) y financiando el gasto público con impuestos progresivos sobre la renta y el patrimonio de empresas y familias, y con deuda que financie la inversión cuando se genera desempleo en el sector privado. A su juicio, la desigualdad genera ahorro improductivo que alimenta la especulación y la inestabilidad, reduce la demanda interna y mantiene la miseria moral del individualismo, el dinero fácil y el despilfarro.

Es cierto que aquí hay que hilar muy fino, pues la sensibilidad del consumo y la inversión privada a la intervención pública depende de factores estructurales y coyunturales (por ejemplo, la apertura del país al entorno internacional, la correlación de fuerzas políticas y sociales y su cultura empresarial y laboral) que no son los mismos en todo tiempo y lugar. Y esto nos lleva al contexto.

EL CONTEXTO

Esta discrepancia de ideas y de intereses se plasma en los programas de los partidos políticos y en la orientación de voto de la ciudadanía. Ya para entrar en materia de lo que más adelante detallará Carlos, quiero recordar que desde los años ochenta el CRITERIO DE EFICIENCIA que se impone por los organismos internacionales (FMI, OCDE) es el del Estado Mínimo, o en su versión light, el Estado Subsidiario, esto es “reducir el gasto público, sobre todo el Social pues detrae rentas que no son aprovechadas por las empresas, vender empresas públicas al sector privado y reducir la normativa interventora para que las empresas tengan cada vez menos barreras en su actividad” sin datos que corroboren las bondades de estas ideas sobre el empleo y el bienestar social o tergiversando los mismos cuando la realidad dicta lo contrario. Es lo que conocemos como “globalización neoliberal”. Hoy, estos mismos organismos empiezan a reconocer que se equivocaron en algunos países y que en la UE se han cruzado las “líneas rojas” de algunas de sus recomendaciones, siendo más papistas que el Papa.

Miles de millones gastados en convencer de esa idea y el chantaje del capital financiero y las multinacionales en países cada vez más expuestos a la competencia internacional, por haber primado la extraversión de sus economías y el libre comercio y movilidad de capitales entre ellos, propició que EEUU y el Reino Unido primero, y después, por las buenas o por las malas otros países, cayendo como fichas de dominó, el “neoliberalismo” acabara por implantarse también en el continente europeo, incluso en países con una larga tradición keynesiana y socialdemócrata. Países emergentes, incorporación de la Europa del Este al mercado capitalista, China y multitud de acuerdos de libre comercio en el mundo han sido hitos que, poco a poco, han convertido esa cruzada ideológica en un “pensamiento único” que ha seducido, incluso, a capas de población perjudicadas con tales ideas.

En un contexto de enorme apertura a los flujos de capital financiero, tecnológico y productivo, como en un cesto de manzanas, la competencia por bajar salarios y reducir el gasto social ha acabado por generalizarse con desigual ritmo e intensidad en casi todos los países, en virtud de la mayor o menor capacidad de resistencia de la población. La UE como proyecto colectivo no ha sido inmune a esa ideología interesada que inicialmente se percibía como exclusiva de los países anglosajones. Bastó con que Alemania y los países nórdicos girasen el curso de sus políticas para que el Consejo y la Comisión Europea se sumaran a esa doctrina. En 1992 con los acuerdos de Maastricht-en los inicios de la crisis económica de los noventa y de la integración alemana- y su refrendo el 2004 con el Pacto por la Estabilidad y el Empleo – en pleno boom que se agotaría el 2007- el corsé que se impusieron todos los gobiernos de los países miembros de la UE fue de tinte neoliberal, reforzándose ese mensaje con la crisis económica: el austericidio como receta para todos. Me referiré brevemente al armazón de ese corsé desde la perspectiva de los tres criterios fiscales comentados anteriormente. Y con eso terminaré.

Para reforzar el esfuerzo de contención del gasto público se impuso una restricción fiscal (el máximo déficit del 3% con el objetivo finalista del 0%, caiga quien caiga, que se ha ido retrasando año tras año) y una deuda pública que no superase el 60% del PIB, financiada en mercados abiertos sometidos a presiones especulativas y sin posibilidad de apelar al BCE, criterios que también se están tambaleando. Todos sabemos el enorme sacrificio que ha sufrido la ciudadanía europea por la obsesión con el cumplimiento de estos criterios y el patrimonio colectivo que hemos tenido que vender al sector privado para tal fin. Con la paradoja de su persistente fracaso (deuda pública del 100% del PIB en España, por ejemplo y déficits que difícilmente llegarán al 3% antes del 2018)

Alguien dirá que quedaba la posibilidad de retrasar el objetivo de reducción del gasto público con la elevación de la presión fiscal. Ciertamente, hay margen, pero también para esto tenía respuesta la UE ¿Cómo disciplinar a los países que sucumbieran a esa tentación?. La idea era y es mantener una elevada competencia fiscal y laboral que afecte a los factores de producción con una gran movilidad en la UE (capital financiero, empresas internacionalizadas y la élite de los profesionales) por lo que se impuso una fuerte presión a TODOS los países para reducir los salarios y para bajar impuestos a las rentas del capital y profesionales de elevados ingresos, con el incentivo de paraísos fiscales en países miembros. Ya sabemos que los resultados de todo esto han sido los fuertes desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente y el exceso de ahorro en unos países y deuda en otros que explotó con la crisis de 2007 con su secuela de desempleo, pobreza y desigualdad creciente en Europa.

El corolario de lo anterior es de cajón desde la óptica de la SUFICIENCIA. Las recomendaciones de la Comisión Europea van dirigidas a reducir el peso del gasto social sobre el PIB de la UE –para bajarlo de cerca del 29% al 25% como media – y el esfuerzo se exige tanto a los países que ya disfrutaban de una elevada protección social desde hacía varios decenios como a los que iniciaban con retraso un proceso de convergencia inacabado (caso de España que pasó del 15% PIB de protección social a principios de los ochenta a detenerse en torno al 20% a principios del siglo XXI, y siempre 7 u 8 puntos por debajo de la media de la UE)².

La crisis agudizó esa presión ideológica para reducir el gasto social, por la mayor aportación que necesitan las prestaciones al desempleo y la demanda de fondos públicos para sanear las empresas privadas³. En toda la UE el sistema fiscal se ha hecho más regresivo – con mayor peso de los impuestos indirectos – y con un mayor papel de las tasas en la financiación de los servicios públicos de bienestar general que se han reducido en cantidad y calidad. Hay pues un claro aumento de la desigualdad y el empobrecimiento, multiplicado cuando añadimos a ello el despilfarro de las arcas públicas, el fraude fiscal y laboral, que en España son de una magnitud escandalosa⁴.

Aunque la música ha sido la misma para todos los países, cada gobierno ha escrito su propia letra. Y el PP nos deja en herencia una de las canciones más horrorosas de la UE. Pero de todo esto ya hablará Carlos… Muchas gracias.

1 Hay una clara disociación entre la desigualdad real existente medida como proporción entre renta máxima y renta media en España (1:127) con la que reflejan las encuestas de desigualdad percibida por la ciudadanía (1: 8,5) y la deseada (1:3) Los sueldos que hay que recortar web de Juan Torres 22-10-2014

2 Hay que destacar que el 2013 las prestaciones al desempleo en España absorbían el 15% del gasto social frente al 6% en la UE.

3 El rescate a la banca en la UE ha superado el billón de euros (de ellos, más de 100.000 en España).

4 Diversas fuentes cuantifican los casos de corrupción y despilfarro divulgados por la prensa en más de 10.000 millones y GESTHA sitúa la economía sumergida por encima de los 270.000 millones y el fraude fiscal en unos 70.000 millones.

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Iniciativa legislativa popular en defensa de la renta básica

La Comisión Europa admitió a trámite en enero de 2013 la iniciativa legislativa popular (ILP) en defensa de una renta básica para toda la ciudadanía de la UE con independencia de su situación familiar y laboral. Un millón de firmas en siete países de la Unión serán suficientes para que el tema se debata en el Parlamento Europeo que salga de las elecciones del 2014.

Cuando los países de la Unión están demoliendo los restos del contrato social que inauguró hace más de 60 años el Estado de Bienestar, cuando se pierden servicios públicos gratuitos y subsidios sociales, cuando nos han lanzado a una cainita competencia fiscal y laboral que arrastra a la ciudadanía europea a niveles cada vez mayores de pobreza y desigualdad, y cuando el fraude y la corrupción son un cáncer que mina los mimbres de lealtad imprescindibles para vivir en sociedad, admitir a trámite una propuesta tan ambiciosa como la Renta Básica Universal puede parecer demagógica o extemporánea. Sí, una ILP a contracorriente, pero cuyo debate tendrá la virtud de fijar el horizonte del nuevo contrato social al que aspira cada una de las fuerzas políticas en Europa y del grado en que se comprometen a poner freno al desmantelamiento actual del Estado de Bienestar en la UE.

Es cierto que España no es Suiza, paraiso fiscal con una tasa de paro del 4% que tiene en trámite someter a referendum una renta básica universal, ni es Qatar o Alaska donde fondos públicos derivados de la propiedad comunal proporcionan esa renta básica a todos sus nacionales, pero sí podemos acercarnos a Bélgica, donde ya existe un seguro de desempleo universal e indefinido a partir de los 18 años, y a otros países que mantienen todavía la garantía de rentas mínimas para algunos colectivos sociales, bien como subsidio, como salario o como pensión, y que poco a poco estamos dejando sin ninguna protección.

De lo que estamos faltos los países que compartimos un mercado común es de reconocer en nuestras constituciones una garantía homogénea de umbrales mínimos de dotación de servicios de bienestar social y de renta privada para toda la ciudadanía, sin vincular esos derechos a la situación familiar y laboral de cada cual y garantizados por los presupuestos nacionales y el presupuesto comunitario. La ILP puede ser, precisamente, el acicate que necesitamos para reconstruir el edificio de cohesión social europea que estamos tirando por la borda. Los aspectos técnicos y fiscales de la ILP son menos relevantes que el debate que suscitará sobre la necesaria homologación previa de derechos sociales y económicos en la Unión. Por eso es importante llevar la ILP al Parlamento Europeo.

La construcción de un mundo nuevo a partir de los escombros de la II Gerra Mundial tuvo que responder hace más de 60 años a la pregunta de cuánta desigualdad e incertidumbre se podría soportar en las economias de mercado sin poner en riesgo la cohesión social necesaria para librar a Europa del fascismo y el comunismo. A esa misma encrucijada llegamos en España a principios de los años ochenta, en plena transición.

En sociedades mucho más pobres y atrasadas que en la actualidad el esfuerzo redistributivo tuvo que ser, al menos, suficiente para garantizar la provisión universal de servicios públicos de bienestar social (salud, educación, vivienda, transporte…), una renta mínima suficiente para atender la cesta básica de consumo familiar, con independencia de la situación laboral de los afectados (subsidios sociales y pensiones no contributivas) y una relación entre las rentas del trabajo y del capital que fuera estable a lo largo del tiempo y que redujera su dispersión (salario y pensiones contributivas mínimas, negociación colectiva y penalización a las rentas en mercados de competencia imperfecta)

La transferencia fiscal de los más pudientes a los menos –en provisión de bienes públicos universales y de garantía de ingresos familiares mínimos – tuvo distinta intensidad y ritmo de implantación en cada país (en España habría que esperar a los años ochenta y estaría siempre por debajo de la media), y se llegó en muchos casos a tipos efectivos de más del 70% en la renta familiar y del 40% en la renta de las empresas. Esta politica de rentas tenía, además, la virtud de reducír la incertidumbre e inestabilidad de la actividad económica y tenía un fuerte impacto anticíclico que favorecía el pleno empleo y la mejora de las condiciones de trabajo.

Ciertamente era un mundo muy mejorable, pero al socaire de la crisis de los años setenta del siglo pasado, las multinacionales y los financieros arroparon una estrategia de acumulación de capital bendecida por los gobiernos, que fue desmoronando, poco a poco, el contrato social europeo a medio desarrollar. La globalización neoliberal, crisis tras crisis, y sus fundamentos ideológicos han ido trasmutando la defensa de lo público y lo social en defensa de lo privado e individual, alejándonos del punto justo y razonable para mantener la cohesión social. En pleno siglo XXI, ¡mucho más ricos que hace 60 años¡, vemos como Alemania se llena de minijobs y se vacia de la red social que fue construyendo piedra a piedra desde los 50 del siglo pasado, y los países del sur de Europa ocupan sus calles de pobres y desempleados y ven como desaparecen los derechos sociales y laborales consolidados.

En este contexto, recuperar, reclamar todo lo que se está perdiendo no solo es justo, sino posible y necesario. Rehacer un nuevo contrato social que amarre en los tratados europeos la cohesión social perdida, en forma de más y mejores servicios públicos gratuitos y universales y de una renta básica para toda la ciudadanía, como derecho universal y no como subsidio ante el infortunio, es cuestión de voluntad política.

Paradojicamente, tenemos en Europa mucho más de todo pero más desigualdad y más familias abandonadas a la caridad que hace treinta años. Es cruel que en España hayan 600.000 familias sin nada que llevarse a la boca, mientras 1400 personas controlan una capitalización empresarial cercana al 80% del PIB y el 1% de las familias acaparan más del 11% de la renta cada año y del 18% de la riqueza, aumentando esos porcentajes en plena crisis. Y el tipo efectivo del impuesto sobre la renta de aquellas familias que obtienen más de 600.000 euros de ingresos no alcanza el 28%, muy por debajo del que se tenía en la Europa de los años sesenta o en la España de los ochenta, por no hablar del desaparecido impuesto del patrimonio o la baja fiscalidad efectiva a las grandes empresas, privilegios que no compensa el mecenazgo del que presumen algunas grandes fortunas.

Se tolera y se justifica esta acumulación de patrimonio y renta, al punto que se luce incluso en programas de televisión para envidia de la audiencia, como si fuera mérito propio y no concesión de la “mano invisible” que hemos legitimado para asignar rentas, y como si nada tuviera que ver eso con los bajos salarios, la exclusión y el escaso gasto social dirigido a los más. Así que volvemos al principio, ¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar en la misma ciudad en que habitamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a corregir de la asignación inicial que realiza el mercado? ¿qué renta mínima y qué renta máxima es la que consideramos acorde con una sociedad justa y proclive a la estabilidad, el pleno empleo y el buen vivir?

Reivindicamos, pues, una fiscalidad suficiente no solo para financiar el gasto público, sino para hacernos más iguales. La dotación de servicios de bienestar social gratuitos y de aplicación universal, de una renta básica suficiente para garantizar una vida autónoma con independencia de la situación laboral o familiar de cada persona, y la reducción de la jornada y la vida activa para que trabaje toda la persona que lo desee nos conduce a una sociedad más igualitaria y nos acerca al modelo productivo acorde con la restricción ambiental, al cambiar trabajo superfluo dirigido al despilfarro de los ricos por trabajo socialmente útil para toda la población. Ese es el reto que debemos plantearnos en Europa y al que la ILP en defensa de la Renta Básica Universal puede servir de ariete.

Clemente Hernández Pascual

Miembro de Attac-Alacant y exprofesor de la Universidad de Alicante

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Lo legal pero ilegítimo

La voz "legítimo/a" tiene tres acepciones: "lo conforme a las leyes; lo ajustado a la equidad y la razón; lo cierto, genuino y verdadero". Un concepto polisémico como éste produce malentendidos cuando su uso indiscriminado en una conversación no aclara la acepción utilizada, salvo que alguien piense que cualquier ley se ajusta a los criterios de equidad, razón y verdad. Algo de esto pudo haber ocurrido en el rifirrafe que mantuve con Ángel Luna, a raíz de una moción en el Ayuntamiento de Alicante sobre la deuda pública, pues así lo percibí en las redes sociales que se hicieron eco de la polémica.

Muchas personas comparten juicios de valor y argumentos para calificar de no equitativas ni ajustadas a la razón y la verdad las leyes que rigen la vida económica actual, y sabemos que las convenciones sociales sobre lo que es razonable y equitativo cambian a medida que lo hace la interpretación de la realidad, que de tenerse por verdadera se convierte en falsa. De no reconocerlo, se negaría la base misma de la democracia, esto es, la posibilidad de cambios legislativos pacíficos cuando ganan las elecciones fuerzas que identifican el interés general de forma radicalmente opuesta a sus antecesores.

Es de esa tensión entre virtudes que son interpretadas de forma diferente por grupos que tienen intereses en conflicto de donde surge la voluntad de modificar las leyes. Si la legislación plasma la cultura y el poder dominante en cada época, es razonable que las víctimas de viejas leyes pretendan su derogación y que aspiren, si gobiernan, a la reparación del daño ocasionado por los beneficiarios de entonces. ¿Cómo se repara, por ejemplo, el daño causado a los hipotecados, con cláusulas legales en su día, pero abusivas a la luz de la nueva legislación?, ¿y cómo garantizamos que un contrato con compromisos futuros -eso es la deuda pública- respete el bien común si sus cláusulas, sus causas o sus efectos son calificados por un nuevo poder legislativo como contrarios a la equidad, la razón y la verdad?

En un Estado de Derecho, la garantía jurídica de los acuerdos del pasado no debe impedir que pueda surtir efecto el interés general, con todas las cautelas que se quiera, a la luz de los nuevos criterios de equidad, razón y verdad legitimados por los que ostentan el poder de legislar en cada momento. Paradójicamente, se aplica ese criterio para justificar los recortes de los derechos de los trabajadores, pues arguye el PP que hacerlo responde al interés general; pero se acusa de atentado al Estado de Derecho cuando se pide el mismo rasero a la deuda pública, si cambia la correlación de fuerzas y un nuevo parlamento define un interés general contrario al vigente.

Eso es lo que han venido haciendo las sociedades civilizadas a lo largo del tiempo. Nada nuevo bajo el sol, salvo que cuando hablamos de tocar a bancos, grandes empresas y gobiernos, a algunas personas les entra el síndrome de Estocolmo y se ponen de abogados del diablo. Esa es la impresión que dio el arrebato de Ángel Luna, aunque él no lo pretendiera y se rectifique con Julián López, portavoz de Economía del PSPV, en su brillante artículo Más financiación, más responsabilidad, en INFORMACIÓN, pues lo cierto es que PP y PSOE lo han puesto muy difícil al dejar anclado en la Constitución que la deuda financiera se paga caiga quien caiga.
En España es legal que las empresas tengan negocios en paraísos fiscales, y casi todas las del IBEX los tienen ¿no es legítimo pretender que, algún día, se pueda recuperar la ganancia obtenida por un procedimiento al que no tiene acceso todo hijo de vecino? También es legal que los empresarios españoles fabriquen en Bangladesh, aprovechándose de una legislación laboral inhumana, ¿no es legítimo exigir que, algún día, los propietarios de esas empresas reparen con sus beneficios el daño causado?

En España es legal que los bancos reciban dinero de un banco público (BCE) al 0,5% y lo presten a los gobiernos al 4% o más, ¿no es legítimo esperar que una ley permita retornar los beneficios obtenidos por la deuda contraída en esas condiciones, si el no hacerlo atenta al interés general? También es legal que la Generalitat Valenciana tenga una financiación per cápita del 85% de la media del conjunto del sistema autonómico, ¿no es legítimo esperar que se compense al País Valenciano por los más de 13.000 millones de deuda contraída por esa financiación injusta? El análisis de la deuda permite conocer esas y otras causas de legalidad ilegítima -por no ajustarse a los principios de equidad, razón y verdad- y la participación de la ciudadanía aumentaría el respaldo de cualquier gobierno que tenga que enfrentarse a sus financieros.

Nadie es tan insensato como para no prever que cualquier cambio legislativo sobre la deuda será contestado duramente y que las consecuencias no son inocuas, por lo que habrá que imponer, negociar y pleitear con inteligencia y tesón, pero de eso se trata, de cargarse de argumentos de razón, verdad y equidad en favor de las víctimas del orden económico imperante, que sus beneficiarios ya tienen sus propios voceros y abogados.

Clemente Hernández. Ex profesor de la UA y miembro de ATTAC-Alacant

Artículo publicado el 17 de mayo de 2013 en el Diario Información

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/05/17/legal-ilegitimo/1374615.html

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De irresponsables, insensatos y milagreros

La presentación de una moción en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para que se pronuncien sobre una moratoria en el pago de la deuda financiera y su aditoria, con participación ciudadana, para cuantificar la que no debe pagarse con los ingresos ordinarios de la Administración ha sido calificada de “irresponsable” por Angel Pernias, de la ejecutiva local del PSPV en Alicante, de “milagrosa” por su diputado Angel Luna y de “alentar la frustración ciudadana” por su secretario general, Ximo Puig.

    Con esos epítetos, no es extraño que el PSPV no se haya reunido con los promotores de la moción, cosa que sí han hecho Compromís y EUPV. Seguramente, al PSPV le paraliza aún el miedo a luchar contra los poderosos y comparte prejuicios propios de mentes conservadoras, las mismas que solo ven antisistemas detrás de Stop Desahucios. ¿Tiene el PSPV alternativa que ofrecer para pagar los 20.000 millones de deuda de la Generalitat sin comprometer el gasto social ni multiplicar los despidos en el sector público?
 
    Advertirnos de la ¡autarquía¡ y venganza de los financieros si no pagamos es asustarnos, antes de iniciar batalla alguna, y acusar de insensata a la PACD y, con ella, a EUPV y Compromís. Tan tontos nos hacen que piensan que ignoramos que los poderes fácticos se van a cabrear y que revertir la situación no es cosa de dos días ni va a salir gratis, sobre todo si el PSOE sigue deshojando margaritas sobre su identidad. Pero vayamos a la moción:

    Por lo pronto, una moratoria en el cobro es lo que sufren los proveedores y buena parte de los asalariados de los servicios públicos externalizados, sin que tal situación sea, al parecer, irresponsable y milagrosa, por no hablar de la quita para el acceso a los créditos del ICO o del FLA a los que sufren la morosidad de la Generalitat y los ayuntamientos ¿Por qué se exonera de esos castigos a la deuda con las instituciones financieras que han recibido ayudas públicas, que no activan el crédito y que mantienen las cuentas corrientes de la Administración?

    Y no pagar con los ingresos ordinarios de la Administración la deuda contraida de forma “ilegítima” no solo es justo, sino posible. Al final siempre paga alguien, se trata de que el pago de esa parte no corra a cargo de todos los ciudadanos, sino de aquellos acreedores o contribuyentes que la han provocado por activa o por pasiva. ¿Dónde está, pues, el problema? ¿en precisar y cuantificar la correosa palabra “ilegitimidad”?. Hagámoslo. Para eso se pide el apoyo a la moción.
 
    El mismo PSPV ha hecho público que la deuda contraida por las rebajas fiscales aplicadas por la Generalitat a las rentas altas supera los 8.000 millones ¿Es iresponsable exigir que los beneficiarios de ese premio cubran, con un impuesto especial, la deuda que nos ahoga, devolviendo parte de lo ganado por la generosidad con ellos de nuestra fiscalidad? Y de los 5.000 millones que dice el PSPV que se han inyectado a empresas públicas para evitar el concurso de acreedores ¿no habría que recuperar lo injustificable? ¿Y no alienta la frustración dar tanto dato sin decir que va a hacer con ellos el PSPV?

    ¿Y que hay de los 8.000 millones del crédito ICO al 5% de interés? ¿No dice el PSPV que el modelo de financiación arrastra una “deuda histórica” con la Comunidad Valenciana de unos 10.000 millones? ¿Es irresponsable exigir, pues, al Gobierno Central que hagamos cuentas de lo que le debemos y lo que nos debe, aunque tengamos perdida la batalla?

    ¿Y no son más de 220.000 millones las ayudas que han recibido del Estado las instituciones financieras para su salvamento? ¿es irresponsable exigir que esas ayudas se transformen en capital público o que asuman los acreedores mayoristas de la banca la parte alícuota que les corresponda por el coste del salvamento? ¿Y no es cierto que parte de los 350.000 millones que ha recibido la banca del BCE al 1% se ha utilizado para prestarlo al 3% o 4% al Estado? ¿es ilusorio exigir una quita de intereses a los bancos?

     ¿Y no es cierto que los “errores” de la política económica dictada por Bruselas ha aumentado la deuda más del 20% del PIB? ¡vaya paradoja¡ ¿es que el PSOE, si llega a gobernar, no va a exigir al Consejo Europeo mancomunar ese error colectivo que estamos pagando España y otros países? ¿Es que para que no se enfaden los países acreedores no vamos a dar ningún puñetazo en la mesa, aunque sea el de David contra Goliat? Si exigiendo ya es dificil ganar la batalla, ¿nos dice el PSOE que lo responsable, realista e ilusionante es que nos mordamos la lengua, como dice Rayoy,  para no perjudicar la marca España?.

    Y ahora vamos a la auditoria ciudadana. Un partido que ha ido perdiendo la confianza de buena parte de la ciudadanía y que está “missing” en los movimientos sociales, acaba con el mismo  miedo a la democracia participativa que tiene el PP. Porque no se pide resucitar los soviets, sino algo que amplía y mejora la gobernanza de las democracias liberales. Se trata de que la información, control y gestión de las cuentas públicas no finalice en las Cortes o los plenos municipales. Y como el PSPV solo responde con dudas paralizantes, mostrando su apego exclusivo a la política institucional, ahí van algunas preguntas para que empiece a trabajar, que para eso se les vota.

    ¿Qué piensa hacer el PSPV para que la Ley de Transparencia no se quede solo en publicitar las cuentas de la Generalitat, sin abrir cauces de participación en su control y gestión? ¿Qué piensa hacer para que los Consejos de Participación Ciudadana puedan tener voz y voto en la auditoria y gestión de las cuentas públicas municipales? ¿Qué piensa hacer para facilitar la información on-line de la gestión presupuestaria a toda la población? ¿o va a castigar a la ciudadanía con la misma opacidad que el PP aplica a los grupos de oposición?

Clemente Hernández Pascual
Exprofesor de la UA y miembro de Attac-Alacant

Artículo publicado en el Diario Información el 9 de abril de 2013

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/04/09/irresponsables-insensatos-milagreros/1361420.html

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Auditoría ciudadana de la deuda pública

Con unos intereses de la deuda pública que rondan los 40.000 millones de euros al año, a lo que hay que añadir para el 2013 el coste de los más de 57.000 millones de nueva emisión y los 141.000 millones de renovación de deuda que tiene vencimiento este año, solo cabe esperar un ciclo vicioso de más endeudamiento, más sufrimiento, deterioro de los servicios públicos, pérdida de prestaciones y privatización del patrimonio público.

Si los gobiernos hubieran financiado su actividad a los mismos intereses que la banca ha pagado al Banco Central Europeo (BCE) desde 2000, hoy la deuda pública sería inferior al 60% del PIB; y aún sería menor si no hubieran bajado los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas durante los años de bonanza y el fraude fiscal no alcanzara la escandalosa cifra del 8% del PIB. No es sólo por el despilfarro en "aeropuertos sin aviones" y otros tantos lujos inútiles, que también, sino que buena parte de la deuda se origina por rebajas fiscales de quienes, después, han prestado a la Administración lo que no pagaron en impuestos o recibieron en ayudas. Y no es justo que tanto privilegio lo pague ahora la ciudadanía.

Además, unos 240.000 millones de deuda y avales públicos proceden del saneamiento y rescate bancario (algunos en procesos judiciales o con acusaciones de fraude y gestión negligente) y la Troika impone programas de austeridad con el único objetivo de que los inversores puedan recuperar el dinero prestado al Estado, dedicando menos impuestos al gasto social, y para que las empresas con negocios fallidos puedan devolver los créditos recibidos en los años del boom, bajando salarios y precarizando las relaciones laborales. Todo bajo el amparo de la ley por los gobiernos de turno, pero es inmoral y suicida arrastrar al paro y la pobreza a un país para cobrar el dinero prestado.

Constreñidos por la negativa del BCE a prestar a los Estados, se nos ofrece como inevitable una decisión que viene muy bien a los prestamistas, pero muy mal a los que viven de su salario o su pensión y son beneficiarios de los servicios públicos. Además, la reestructuración de la deuda y las quitas son prácticas reconocidas en la legislación internacional, por lo que su renuncia en la Constitución es una cláusula leonina e ilegítima forzada por nuestros acreedores. Con ella se vulneran convenios internacionales suscritos por el Estado español, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que califica los bienes básicos de la ciudadanía -salud, educación, alimento, seguridad económica y vivienda- como derechos universales e inalienables y, por tanto, de obligada tutela por los Estados, por encima de otros derechos de interés secundario o de grupo.

Ante esta situación, cada vez se oyen más voces que reclaman una moratoria, reestructuración o condonación de parte de la deuda financiera y de sus intereses. La realidad es tozuda y acabará por imponerse. La Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) está recogiendo datos que ponen de manifiesto que existe deuda ilegítima que no deben pagar los contribuyentes, y una opacidad en las cuentas que vulnera la obligación de transparencia e información pública, por lo que se reclama la realización de auditorías independientes bajo control ciudadano en todas las administraciones públicas.

Con ese objetivo, la PACD del País Valenciano está presentando mociones en los ayuntamientos (en Alicante se hizo el día 9 de marzo) para que se pronuncien sobre una moratoria del pago de la deuda financiera de las administraciones públicas y la realización de auditorías bajo control ciudadano, para depurar aquella que sea reconocida como ilegítima y proceder a su quita y depuración de responsabilidades a las partes que la contrajeron. La moción va dirigida en doble dirección: para que los ayuntamientos exijan que no se reduzca la financiación de los servicios a la Comunidad por culpa de la deuda financiera de las demás administraciones; y para que los ayuntamientos se sometan a la misma medicina de auditoría.

Ante un escenario en el que se suceden los casos de corrupción y fraude fiscal, recuperar la confianza de la ciudadanía con sus representantes en las instituciones políticas es ya un propósito que exige facilitar la información, participación y control de las cuentas públicas directamente por los contribuyentes. Si se exige al presidente de cualquier comunidad de propietarios por sus copropietarios, no se entiende lo complicado que resulta conocer al detalle en qué, cómo y por qué gasta o ingresa el Ayuntamiento de Alicante. Y no se trata del presupuesto inicial, sino del de liquidación y balance patrimonial. 

Con lo fácil que es subir datos a la red, no hay razón de Estado para que la alcaldesa Sonia Castedo no facilite el acceso de la ciudadanía a contratos, facturas y datos detallados que expliquen por qué debe el Ayuntamiento 174 millones y la urgencia del pago de 31 millones de amortización e intereses el 2013, o para que no se pueda autorizar una auditoría participada por las organizaciones cívicas de la ciudad. Tiene una oportunidad aprobando la moción presentada por la PACD con el respaldo de más de 10 asociaciones alicantinas.

Clemente Hernández
Miembro del Comité Científico de ATTAC-Alacant

Artículo publicado el 15/03/2013 en el Diario Información:
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/15/auditoria-ciudadana-deuda-publica/1353638.html

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No debemos de perder nunca el concepto de memoria

    

    No podemos pasar por alto que a lo largo de la historia las situaciones se vienen reproduciendo de forma continua y que estas se repiten, mayoritariamente siempre desde una óptica que perjudica a la clase trabajadora, a los que menos tienen, a los que podemos resumir como los parias, los desgraciados, los que no tienen derecho a nada...

    En pleno siglo XXI vemos como de nuevo se repiten estos patrones donde la desigualdad crece en contraposición a la reducción de los porcentajes de los que más tienen.
Me llama la atención el terrible contraste del sufrimiento al que están siendo sometidos los pueblos a costa de la deuda actual. ¿Qué hubiese sido de Alemania si no hubiese recibido el beneplácito de que se condonase parte de su deuda originada por la primera guerra mundial?
    Tras la conferencia de paz de Versalles de 1919, muchos argumentaron que esas deudas eran impagables. En aquellos momentos los acreedores eran Paquistán, Egipto, así como EEUU, Reino unido, Francia y, qué casualidad!!!, Grecia y España. La deuda Alemana estaba muy por debajo de los valores que hay a día de hoy con los países de la periferia Europea, unos 226.000 millones de marcos de oro, una cifra imposible de pagar, pero incluso a ese nivel había una preocupación sobre su impacto en la reconstrucción de Europa.
     La república de Weimar se mantuvo casi exclusivamente de los préstamos recibidos de EE.UU. (más de un billón de dólares), destinados en parte a sufragar las indemnizaciones señaladas. Pero la situación para Alemania se hacía insostenible, y el crack del 29, además de enormes pérdidas para los prestamistas, abrió la posibilidad a la renegociación de la deuda: así pues, en 1930, esa ingente obligación de pago quedó formalmente reducida... a la mitad (112.000 millones). Entre 1931 y 1932, y dada la situación de la economía mundial, EE.UU. decide condonar las deudas de guerra a Francia y Reino Unido, quienes, a su vez, renuncian como acreedores a buena parte de la deuda alemana. Resumiendo, en 1932, Alemania consiguió una reducción neta de más del 98% de las deudas a las que les obligaba haber puesto en marcha la I Guerra Mundial
    A raíz de esto, los países demostraron que la deuda no es sólo responsabilidad del deudor, sino también de los acreedores. Países como Grecia quisieron tomar parte en el proceso para crear una Europa occidental estable y eso a pesar de los crímenes que los alemanes habían cometido unos pocos años antes.
    La cancelación de la deuda alemana se llevó a cabo antes de que diera lugar a una crisis, cancelándose el 50% de esta, lo que incluía deudas del sector privado e incluso de individuos. También incluyó a todos los acreedores. A nadie se le permitió resistirse y sacar mayores beneficios que los demás. Se decidió que cualquier problema que surgiera sería arreglado en negociaciones entre iguales y no a través de sanciones o imposiciones de políticas anti democráticas...

    En la actualidad vemos que la prioridad de los países es pagar su deuda por encima de cualquier servicio, modificándose cartas magnas, vulnerando derechos sociales adquiridos a base de siglos de lucha, reduciendo salarios, elaborando reformas laborales bajo la excusa de que para ser competitivos hay que abaratar los despidos, los salarios... En Grecia los pagos de la deuda externa representan el 30 % de las ganancias provenientes de sus exportaciones. Actualmente la economía se ha reducido más de un 20% ocasionando que una de cada dos personas esté desempleada. Todo esto más que solucionar el problema ha vertido más gasolina al fuego, inflando la deuda.

    Grecia pasó 13 años de crecimiento económico relativamente alto. Con el anterior gobierno del PASOK de Simitis, de 1996 a 2004, la economía creció una media anual aproximada del 4 por ciento. A partir del 2009 comenzó su desaceleración, creciendo un 2,5 %.
    Sin embargo, aunque Grecia ha atravesado una década de crecimiento, la mayoría de los trabajadores no lo han sentido como un boom, más bien como una recesión. En este período, los trabajadores han visto ataques constantes a todas sus conquistas ganadas anteriormente. La deuda alcanzó niveles sin precedentes, el boom se alimentó con el crédito y los salarios reales no aumentaron. Al mismo tiempo, se dio un proceso de temporalidad laboral, creándose muchos trabajadores temporales y mal pagados. Se aprobaron leyes que aumentaban el número de empleos y contratos laborales temporales.

    Esto subraya el hecho de que el reciente boom fue a costa de la clase obrera. El crecimiento económico no significó ningún beneficio real para los trabajadores, al contrario, conllevó nuevos problemas, como el aumento del endeudamiento. Esto explica por qué desde hace un tiempo los trabajadores griegos no se muestran optimistas con el futuro. Una encuesta reciente revelaba que los griegos son los más pesimistas de la Unión Europea, con un 70 por ciento opinando que su país va en la dirección equivocada (un 14 por ciento más que el año anterior). Un 92% de la población opina que la situación económica empeorará cada vez más.

    En esta situación los jóvenes son particularmente los más golpeados. El desempleo juvenil oficial está en el 61%. Debido a esta situación, al menos una cuarta parte de los jóvenes menores de 25 años vive por debajo del umbral de la pobreza. Después de pasar mucho tiempo estudiando, estos estudiantes son conocidos en Grecia como la generación de los 700 euros.
    No podemos olvidar dentro del fuerte y combativo movimiento estudiantil griego a los caídos...  Alexis Grigoropulos, joven de 15 años asesinado por la policía el 6 de diciembre de 2008, éste no fue el primer caído a manos de las fuerzas del orden, en 1985 otro joven de 15 años, Michel Kaltezas fue asesinado por un policía, que luego fue absuelto por un sistema judicial con más agujeros que un colador... ¿Os suena el caso de la absolución de los mossos de escuadra en la paliza a un detenido en dependencias policiales en España?

     En épocas de crisis se producen giros a la izquierda derivados de la pérdida adquisitiva de esas clases medias que sufren los envites del capitalismo al ver reducidas sus pensiones, mermar sus servicios públicos, sentir que ese falso colchón social y económico que tanto les ha costado, se va al garete por la gestión que han llevado a cabo los dirigentes de ND (PP) y el PASOK (PSOE). Este giro puede producirse también a la ultra derecha, cosa que está ocurriendo en la actualidad con el auge de Amanecer Dorado.
    El sentir de la anti política crece a ritmos agigantados por toda Europa, no es raro ver casos de corrupción en casi la totalidad de las formaciones políticas. El bipartidismo que ha asolado a este país después de una ocupación nazi, una dictadura de los coroneles, ha demostrado que la mayoría de los corruptos están ligados a ND y al PASOK... Casualmente coincidimos en algo más que ser uno de los países del mediterráneo.

    Analizando lo que está ocurriendo en Grecia veo que aquí nos está pasando lo mismo pero con una demora de 3 ó 4 años. El descontento en la sociedad no está derivando en una mayor afiliación a los sindicatos ni en un crecimiento en organizaciones políticas; en el primer caso se observa que las cúpulas siguen jugando al juego de depende de quién esté me pongo una u otra chaqueta. Es lamentable ver como la militancia no exige a sus dirigentes, ética y conciencia en sus actos. A fin de cuentas éstos (militantes) son la fuerza del sindicato y del trabajo haciendo trabajo de base en los tajos, en las empresas y difundiendo valores de protección de los y las trabajadoras.  En el segundo caso, estamos viviendo una extensión de la anti política. Todos los políticos son corruptos, todos roban, todos son iguales... Generalizar el fallo de los que deben de trabajar por y para los que les eligen, es abonar un camino a la ultra derecha o a gobiernos tecnocráticos. El ejemplo lo hemos vivido en Italia de la mano de Monti.

    Las crisis no son vividas por todos de la misma manera, en estos años hemos visto como se han reducido los sueldos, se han desmantelado los servicios públicos, se retrocede en materia de derechos sociales, el paro no para de crecer lastrando a toda una generación de jóvenes a trabajos precarios y con sueldos de 400 euros... ¿Quién podría vivir o iniciar una vida con inseguridad laboral y sueldos de esclavos?
    La realidad es tal que las medidas llevadas a cabo para darle un giro de 180 grados a la situación no van encaminadas a ponerle fin, sino a que unos pocos saquen tajada en beneficio propio. Hemos asumido una máxima como tal, socialización de pérdidas y capitalización de ganancias. Resumimos: la pérdida de conquistas sociales arroja cotidianamente imágenes de despedidos sin derecho al subsidio, de jubilados hurgando en la basura, de hospitales sin gasas, de farmacias sin medicamentos y de desesperados quitándose la vida.

    Asistimos a la mayor oferta de empresas públicas en venta, el estado (ND + PASOK + Izquierda Democrática) aprobó “El marco de estrategia financiera a Medio Plazo”. A lo largo del 2013, unos 25000 funcionarios serán cesados, copago sanitario, nueva reducción de pensiones, incremento del paro y aumento de la recesión. Hasta el agua se privatiza, sacarán unos 10000 millones de euros de los 50000 esperados...
    Ya se sabe, en época de crisis hay gangas de materias primas! Que usted necesita miles de hectáreas para hacerse más rico, el estado se las vende por 11 millones y de beneficio obtendrá 2000 millones de euros! Venga, venga, éxito asegurado!!! Obtenga los derechos de explotación de las minas de oro y otros metales de la región de Casandra, en Calcídica (Macedonia, Grecia) y si quiebra no se preocupe, el estado hará alguna artimaña para seguir vendiéndosela a otro holding que explotes TUS recursos a precio de ganga.

    No nos queda ninguna duda que las crisis acaban de un plumazo con los derechos adquiridos a base de largas y duras luchas, suprime la soberanía de las empresas públicas para colocarlas a buen precio a empresas extranjeras, liquida las leyes en materia laboral para que puedas trabajar más de 48 horas por semana y tengas que jubilarte a los 72 años...
   
    Hoy hablamos de Grecia... Mañana nos toca a nosotros.

David Couso.

Miembro del Comité de Coordinación y de Attacantes de ATTAC-Alacant

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El rapto de Europa

El 23 de febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por la Marea Ciudadana bajo el lema “por la democracia, la libertad y los derechos sociales”. El próximo 10 de marzo la ciudadanía volverá a las calles, convocada por la Cumbre Social, gritando “contra el paro y la regeneración democrática”, en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán “contra la Europa de los mercaderes”.

Todos esos lemas resumen la indignación de las ciudadanía, que sufre recortes de servicios públicos y del sistema universal de proteción social; aumento del desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.

Si la corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.

26 millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la UE; unos salarios mensuales que van de los 300 € a los más de 100.000 para algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un 3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.

El rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha incorporarado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios públicos, reducir dráticamente las prestaciones sociales y malvender o privatizar el patrimonio público.

Es inmoral exigir la garantia del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa), cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.

Estas exigencias son las que que la ciudanía reclama al gobierno español, para que las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de ausencia de privilegios en las instituciones públicas.

Para nada de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas en Alemania son de interés colectivo, no sólo porque sus resultados afectan a la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancias, los capitales y las personas.

Legislar por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín. 

Clemente Hernández. Exprofesor de Economía de la Universidad de Alicante
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.

Publicado en el Diario Información, el 5 de marzo de 2013.

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2013/03/05/rapto-europa/1349971.html

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El tercer grito

Hasta ahora, los ciudadanos indignados que no somos economistas (por tanto, la gran mayoría), hemos intentado a nuestra manera extraer los datos e indicios que nos permitieran entender cómo ha sido posible en nuestro país (y desde luego, en otros tantos) la descomunal puesta en escena de este fraude universal llamado “crisis financiera” para, por fin y después de quitar mucha niebla y vendas de los ojos, asumir que todo lo que se nos ha venido encima no es un cúmulo de procesos y desgracias puramente económicas, sino meros engaños, fraudes y mentiras ejercidos violentamente por la población dominante en contra del resto.

Así, una de las frases que se ha podido escuchar en las muchas manifestaciones contra el Gobierno del PP y sus “recortes”, es la famosa “NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA”, seguida a modo de corolario de “NO ES ECONOMÍA, ES IDEOLOGÍA”. La derecha, ha invertido fenomenales cantidades de dinero (esencialmente público, claro) y medios de información (es decir, de manipulación) para que estas simples verdades, estos gritos que son resumen del objetivo, autor, medios y consecuencias de la puesta en escena del neoliberalismo, no fueran descubiertas por los destinatarios finales de esta violencia, a fin de evitar su posible rebelión.

No obstante, si estas frases explican de manera sintética todo lo que ha sucedido en los últimos años, nos faltaba por encontrar un texto, una declaración solemne, un evangelio donde los neoliberales expresaran a las claras lo que el resto de ciudadanos hemos tenido que ensamblar lastimosamente a manera de puzzle.

Y por fin, recientemente, se ha hecho luz. Todo ha adquirido de repente una feroz coherencia y los porqués que andábamos buscando han dado forma al “ideario” que persigue la derecha española y la oligarquía financiera: todo está en el PREÁMBULO del anteproyecto de Ley de la LOMCE 2012:

http://www.educacion.gob.es/horizontales/dms/ministerio/horizontales/ministerio/campanas/lomce/20120925-anteproyecto-LOMCE.pdf

“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Así, así de claro y de prosaico, así de decepcionante y trágico. Es difícil leer este texto y no sufrir un vómito inmediato. Así de lamentable.

Como no daba crédito a lo que estaba leyendo, he buscado qué ponía el PREÁMBULO de la anterior ley vigente, y la sorpresa es mayúscula:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos”.

Por tanto, el objetivo neoliberal en nuestro país es claro: nada de desarrollar al individuo, como persona y como colectivo que participa junto con otros pueblos en la construcción de un mundo en paz y mejor; nada de preservar conocimientos y valores culturales, base de nuestra sociedad y raíz de cada individuo; nada para defender la democracia y el pensamiento libre como fundamentos de una sociedad justa.

Ahora, el objetivo de la “educación” (por llamarle algo) es simple y llanamente crear individuos sin criterio ni raíces culturales, tan alienados y embrutecidos socialmente que sirvan directamente a los mercados y sus designios: seres amorfos que contribuyan sin rechistar a la gran cadena de montaje y que rindan pleitesía a la única religión verdadera que ha conseguido mantenerse por los siglos de los siglos como estandarte y disfraz del poder: el dinero, el robo y la mentira (los elementos de la mal llamada “crisis”).

Pero además, este objetivo, no solo no resiste la comparación con la anterior ley, es que se enfrenta directamente a la propia Constitución Española, en cuyo artículo 27.2 dice textualmente:

http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CIbR5qXO5bMCFXHLtAodNmYALw#T1

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”

Y se enfrenta directamente a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su artículo 26,2 dice textualmente:

http://www.un.org/es/documents/udhr/

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

A todos los efectos, no parece que conseguir “ventajas competitivas en el mercado global”, vaya a servir a los fines educativos de la ONU y menos de la Constitución Española; al contrario, el efecto de globalidad y la imposición de la sociedad de consumo mediante la falacia de la “competitividad”, han sido y son la fuente de los más graves problemas que sufre no solo España sino toda la Humanidad.

Pero a este dogma neoliberal, por tanto, entregamos a partir de ahora, de manera consciente y lastimosa, todo nuestro esfuerzo y afán y, por ende, todo nuestro futuro como personas y como país, que son nuestros hijos, o lo que es lo mismo: su “educación”.

En resumen, esta es la tercera frase, el tercer grito que, en consecuencia, lanzamos los ciudadanos españoles: “NO ES EDUCACIÓN, ES FASCISMO”.

Bartolomé Nieto, miembro del Comité Científico de ATTAC-Alacant.

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