27 dic. 2011

El sueldo del capataz

Desde los años ochenta del siglo XX se ha gastado mucho dinero dirigido a implantar una cultura legitimadora o resignada de la jerarquía social creada por el mercado. Y la inversión ha tenido éxito, pues se aplaude lo que ganan los ejecutivos o la élite de los profesionales (¡lo dice la oferta y la demanda, es mérito propio y aspiración de los hijos de la clase media¡) mientras que no se toleran los sueldos del político o de los funcionarios (¡es a costa de nuestros impuestos¡). Es razonable cuestionar la renta y el oficio de los empleados públicos, pero hay que hacer lo mismo con los primeros aunque la mano invisible del mercado dificulte ver la relación entre el poder adquisitivo de cada uno con las rentas que cobran los demás. Entretenidos con las disputas entre los que tienen empleo fijo y los parias de la tierra, se frotan las manos los que se llevan la mayor parte del pastel. Sobre ese grupo selecto conviene hablar también.

1. La distribución antes de impuestos. En Suecia los salarios se acercan al 60% del PIB desde hace muchas décadas, pero en España hemos pasado de ese porcentaje en 1982 al 50% hoy: unos 10 puntos transferidos a los propietarios de las empresas. Además, la diferencia entre el trabajador sin cualificar y el directivo mejor pagado ha pasado de 1:60 a 1:300, y la misma concentración se da en las rentas del capital, pues un 20% de las empresas acapararon el 80% de la transferencia, principalmente los conglomerados de las finanzas, las grandes cadenas comerciales y las multinacionales españolas.

2. La distribución después de impuestos. Aquí la divergencia con Suecia aumenta, pues la fiscalidad efectiva de los salarios en España es un 75% de la sueca, mientras que la fiscalidad del capital no alcanza el 35%. En 1982, en España, el tipo marginal era del 65% y hoy está en el 45%; y las rentas del capital –concentradas en las familias ricas- tributan mucho menos que las del trabajo. Declarantes con 300.000 € de renta han visto reducido su tipo efectivo nada menos que 18 puntos desde 1993 (¿ésta es la clase media de la que habla el PP?), frente a la reducción de 0,5 puntos de las que ingresan 50.000;.en otras palabras, el IRPF bajó un 2,3% para las clases medias frente al 37,6% para las familias ricas. Y para más de 600.000 € (¿también son clase media?) el tipo efectivo está en el 27,4% frente al 50% que tenían en 1993. Lo mismo ha ocurrido con el impuesto de sociedades, pues el tipo efectivo de las grandes empresas, descontadas subvenciones, exenciones y bonificaciones, apenas alcanza el 17%, y de los 45.000 millones de fraude fiscal, el 80% procede de las finanzas y las fortunas millonarias.

Se puede corregir la desigualdad sin atentar a los fundamentos del sistema capitalista y no es necesario ser bolchevique para desearlo ¡hasta Bruselas lo aplaudiría¡ ¿Nadie recuerda que en la patria del capitalismo, EEUU, el tipo marginal superaba el 80% en los años cincuenta del siglo XX con un gobierno republicano, sin que les cayeran los anillos a los millonarios?: habia que financiar el Plan Marhall y la Guerra Fria y, eso, bien valía el esfuerzo. ¿Es que no estamos hoy en situación dramática en España?.

3. Siempre hemos tenido menor presión fiscal que los países nórdicos, unos 20 puntos durante el franquismo y entre 5 y 10 desde 1990, y siempre hemos necesitado financiación exterior, sobre todo desde que entramos en el euro. ¿Qué queremos? ¿mirar con admiración palacetes de lujo y bodas de rico en las páginas del Hola o tener unos servicios públicos y unas infraestructuras adecuadas? No se puede tener de todo: ricos cada vez más ricos y buenos sueldos para todos. Tampoco es posible financiarlo todo, y hay que elegir entre financiar aviones privados y operaciones especulativas o trenes de cercanías.

Es cierto que cualquier cambio legislativo en perjuicio de las grandes fortunas será contestado, pero en ese pulso entre la “guerra civil” con que nos amenaza el PP y la “parálisis preventiva” con la que nos asustó el PSOE existen respuestas realistas. El temor a la huida de capitales es una preocupación razonable, pero parte del capital huidizo es dinero improductivo que alimenta la especulación o el circuito de actividades criminales. Que nadie tema que se vaya el capital productivo; ese, que es el que genera empleo y expectativas dignas de vida se quedará en España, mientras haya demanda y talento suficiente para producir bienes y servicios útiles para la colectividad. Y desde la incautación o participación en la propiedad de las empresas por parte del Estado y los trabajadores estafados a la prohibición de bonificaciones o subvenciones a empresas con salarios o tasas de beneficios muy altos hay mucho tramo por recorrer sin que se tambaleen los cimientos del capitalismo.

4. Por último, la transferencia de parte de las rentas más altas al resto de la sociedad y la limitación del crédito para operaciones especulativas o suntuarias tiene la virtud de aumentar la demanda interna y el empleo. La paradoja actual es que los ricos mantienen su ahorro sin invertirlo en actividades productivas y el Estado renuncia a movilizar ese dinero a través de los impuestos. No es cierto que “la culpa de la crisis fue de todos, porque vivimos por encima de nuestras posibilidades”, esa frase es tremendamente injusta y falsa. ¿Gastó demasiado el mileurista que aspiraba a una casa o fue el millonario que pagó su palacete con nuestro ahorro mientras invertía sus ganancias en el mercado de derivados? ¿Gastó mucho el empresario que se endeudó por inventar un nuevo producto o el financiero-promotor que compró a crédito empresas y suelo para especular?. ¿Y no fue temerario el reparto de beneficios de las empresas, bajando su autofinanciación al 6% del PIB el 2006 mientras que sus propietarios pedian ese año crédito por el 10,7% cuando ya su deuda superaba el 140% del PIB?. Así nos va. 

Artículo publicado en Octubre de 2011.
Clemente Hernández - Coordinador ATTAC-Alacant.

23 dic. 2011

La soberanía de los mercados

Con urgencia se va a modificar el artículo 135 de la Constitución Española, obligando a la estabilidad presupuestaria para el Estado y las Comunidades Autónomas, excepto en circunstancias excepcionales y sin cuantificar, aspectos que quedan para su concreción en una posterior Ley Orgánica, y se pospone su aplicación al año 2020. En el mismo texto se consagra la prioridad de pago a los tenedores de deuda pública y el principio de equilibrio presupuestario para las Administraciones Locales desde el mismo día de publicación de la norma en el BOE. Los que justifican la urgencia, se basan en  exigencias del gobierno conservador alemán, que tiene dificultades para que su Parlamento apruebe la compra de bonos españoles por el BCE, salvo una declaración contundente por parte de España de comunión ideológica con el principio de estabilidad presupuestaria. De no ser así, dicen, podríamos tener problemas de colocación de las emisiones de deuda pendientes y aumentar la prima de riesgo.

¿Para qué imponer el principio genérico de estabilidad presupuestaria en la Constitución si éste ya está reconocido en los acuerdos de la Unión Monetaria y en las leyes ordinarias españolas, una ley orgánica lo va a concretar en el futuro y, al fin y al cabo, desde mayo del 2010 se están aplicando políticas de austeridad para cumplir el compromiso de déficit con la UME el 2013? ¿Es que se piensa que las leyes ordinarias no son de fiar en España y la Constitución sí? ¿No basta con saber que PSOE, PP y CIU comparten este principio y que tendrán la mayoría de escaños en el Congreso en las próximas elecciones? Es más, ¿no es suficiente  garantía que esos partidos estén aplicando políticas duras de ajuste, unos más otros menos, aunque la carga fiscal de las rentas altas y el gasto social en España estén a la cola de la Unión Europea y pese a las protestas de muchos ciudadanos? Si parece que los inversores internacionales tienen bastantes razones tranquilizadoras sobre nuestra disciplina presupuestaria en tiempos de crisis, otras razones pueden estar detrás de esa decisión de Zapatero.

La primera, forzar un pacto constitucional entre la Administración Central y la Autonómica sobre el reparto del déficit estructural, elevando el rango normativo  de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, menos rígidos y donde tienen mayor poder negociador los gobiernos regionales que en las Cortes. Como era de prever, la redacción del artículo 135 no ha cerrado este asunto y gobierno central y gobiernos autónomos se verán las caras en la  futura Ley Orgánica. 

La segunda, cerrar el margen de flexibilidad normativa que tienen ahora los ayuntamientos, sobre todo las grandes ciudades, para financiar sus inversiones mediante deuda.  Y esto se ha logrado, sin ni siquiera ser oída la Federación Española de Municipios y Provincias.

La tercera razón, de mayor calado, tiene que ver con la deriva ideológica de Zapatero desde mayo del 2010, cuando añadió al eslogan ya conocido de “bajar impuestos es de izquierdas” a “no se puede gastar más de lo que se ingresa” y “elevar la carga fiscal a los muy ricos reducirá el empleo”. Estas falacias tan genéricas son fáciles de creer por la población, pero corresponden al populismo de derechas que ha abrazado también el PSOE.  Lo cierto es que esos eslóganes son verdades a medias y, por tanto, falsean la realidad, pero llevados a la Constitución de un país lo condenan a priorizar el gasto privado sobre el social con toda la legitimidad y la fuerza simbólica que tienen las Constituciones en los ciudadanos y su permanencia en el tiempo. En otras palabras, ¿alguien imagina que la Constitución hubiera establecido el principio genérico de que “las empresas o las familias no podrán endeudarse cuando la economía esté en expansión”?, al fin y al cabo es la deuda privada (su exceso y origen) la que nos ha llevado a la crisis y al déficit público actual. Y es una opción ideológica, no una verdad económica válida en todo tiempo y lugar, que en las fases de expansión la inversión pública ha de dejar su protagonismo a la inversión privada o pagarse al contado. De hecho, los países con elevado bienestar social y desarrollo de infraestructuras lo han conseguido gracias a elevados impuestos y recurso a la deuda, más allá del saldo cíclico de las cuentas públicas. Por fortuna, la precisión del “déficit estructural” y su magnitud quedan para una Ley Orgánica.

Pero la principal novedad constitucional, a mi juicio, está en el derecho preferente que tendrán los tenedores de bonos (residentes y no residentes) a cobrar el principal de su crédito a su vencimiento. La legislación mercantil dice que en el concurso de acreedores, primero cobran los trabajadores, después los proveedores y, a resultas, los prestamistas. Pues bien, no será ese el criterio si a partir de 2020 hubiera una suspensión del pago de la deuda: primero los prestamistas y luego, a resultas, todos los demás, desde la Casa Real a los pensionistas o los proveedores. Eso sí que es una hipoteca para las generaciones futuras. Ni el FMI podría soñar una Constitución más entregada a los inversores. En fin, todo un despropósito, que dejará menos margen jurídico en la negociación con los inversores internacionales que el que ha tenido cualquier país con crisis de deuda externa en el pasado, incluyendo Irlanda, Grecia o Portugal. ¿Cómo explicar ahora la prima de riesgo para los bonos a 10 años si ofrecemos más garantías jurídicas que la misma Alemania?

En mi opinión, el nuevo artículo sí que afecta al modelo de economía social de mercado consensuado en la transición y al código de derechos y obligaciones de todos los españoles, y por eso confío en que el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha presentado IU tenga éxito si se reproduce el lamentable espectáculo del cierre de filas del PSOE, traicionando las propias convicciones de aquellos diputados cuya conciencia les dicta que es imprescindible el referéndum. Los conversos que dentro del PSOE aluden ahora a que un referéndum daría más incertidumbre a corto plazo, cosa que es cierta, olvidan que peor es un escenario que aumentará los insumisos constitucionales y que con ese miedo a la democracia se instalaron Videla o Pinochet, ya que, ciertamente, los  grandes inversores, cuando no convencen por las buenas, lo hacen por las malas, aunque queden las cunetas llenas de cadáveres.

Artículo publicado en Septiembre de 2011.
Clemente Hernández - Coordinador ATTAC-Alacant.

20 dic. 2011

Islandia: oro parece, plata no es

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Su carácter fantástico ha hecho que algunos consideren que los mitos son mentiras y por ello utilicen ambos términos como sinónimos. Sin embargo, los mitos sólo son entendibles en su contexto. Para una persona ajena a éste, los mitos de cierto grupo resultarán inentendibles o absurdos.

Podríamos empezar así la explicación de lo mucho que se oye del caso Islandés, pero como dice la expresión: “Oro parece, plata no es”.

En diversos foros y blogs que encuentro por la red, se habla mucho del plante económico al Fondo Monetario Internacional, en adelante FMI, de juzgar y encarcelar a banqueros y políticos, de negarse a pagar esa crisis la ciudadanía y un sin fin de comentarios que nos hacen envidiar a este país. Pero las cosas lejos de ser como las pintan son totalmente diferentes…

Islandia, país localizado en el extremo noroeste de Europa cuenta con una población de 317.398 hab ( Fuente: Banco Mundial, indicadores del desarrollo mundial. 2010. )

Debido a la caída de Lehman Brothers el país entró en recesión y esa maravillosa burbuja de “nuevos ricos” estalló. El número de tarjetas de crédito y coches de alta gama en Islandia era cuantioso, el nivel de vida era desorbitante; las hipotecas, el dinero, el lujo… Todo iba viento en popa hasta que los tres principales bancos del país entraron en Bancarrota, su población entró en estado de “shock” y sus autoridades balbuceaban.

La población salió a la calle, a que tonto se le pasaría este dato si no fuera más que eso: TONTO. Familias que habían perdido todos su ahorros, jóvenes con casas recién compradas en la calle. Pasaron de la opulencia a la catástrofe. Hicieron caceroladas sistemáticas contra el gobierno y los principales bancos del país, consiguieron hacerlo caer y mediante un referéndum se negaron a pagar esa crisis del capitalismo financiero…. Hasta aquí es la información como nos la habían pintado, pero hay unos datos que no sabemos o desconocemos:

Islandia está bajo los plegados del FMI, ha sido intervenida, ha sido rescatada. Horror!! Mentira!! Verdad!! Muchos podremos pensar que esto no es así pero los datos y los hechos hablan por si mismos:

Su deuda exterior continua aumentando, (datos de septiembre) alcanzará el 251% del PIB al final del 2011, siendo de ella un 66,5% pública y un 185% privada, esta última a satisfacer por parte de familias, bancos y empresas del país.

En 2011, Islandia crecerá un 2,1% pero la manera de hacerlo no es por negarse a asumir la deuda, sino a raíz de la bajada de salarios (estos han descendido una media del 11,65%, en algunos sectores por encima del 20%), incremento del IPC en un 30,7% desde el inicio de la crisis, el impuesto de sociedades paso del 18% al 15% (principal tributo al que están sujetas la empresas y en un modo práctico las grandes empresas) convirtiéndose en uno de los más bajos del planeta.

Según el economista Jón Daniélsson, el ajuste presupuestario Islandés y el recorte del estado de bienestar son especialmente profundos.

Su crecimiento se está produciendo en base a reducir los gastos en materia de sanidad, educación, pensiones y servicios sociales. Algo similar ha sido puesto en práctica por el PSOE en el final de su legislatura y es lo que se vaticina con la llegada al gobierno del PP (autodefinidos como el Partido de los Trabajadores).

Islandia está saliendo de la crisis reduciendo los salarios reales de los trabajadores, menguando el gasto en política social y mediante el aumento de la presión impositiva sobre las clases medias.

Después de este breve artículo lanzo la propuesta a la ciudadanía de este país de salir a la calle, es algo inevitable, a exigir unos derechos públicos de calidad, a no aceptar sus políticas degenerativas del estado del bienestar, a que la crisis capitalista se debe de resolver por otras vías y no por la política de recortar servicios que no generarán consumo ni gasto ni siquiera favorecerán la creación de puestos de trabajo. Es hora de plantar cara y decir que no somos mercancía ni aceptamos su gestión a esta crisis. 

David Couso - ATTAC-Alacant.