El 23 de
febrero cientos de miles de personas se manifestaban en España convocadas por
la Marea Ciudadana bajo el lema “por la democracia, la libertad y los derechos
sociales”. El próximo 10 de marzo la ciudadanía volverá a las calles, convocada
por la Cumbre Social, gritando “contra el paro y la regeneración democrática”,
en una semana de protestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y un
crisol de organizaciones sociales (Alter Summit) que se manifestarán “contra la
Europa de los mercaderes”.
Todos
esos lemas resumen la indignación de las ciudadanía, que sufre recortes de
servicios públicos y del sistema universal de proteción social; aumento del
desempleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo; y
un trato injusto frente a tanta corruptela, fraude, despilfarro y malas
prácticas que corroen las cúpulas del PP, de la CEOE o de varias empresas del
Ibex, sin sanción y cambios legislativos reparadores.
Si la
corrupción, despilfarro y fraude son pecados que tienen una mayor intensidad en
los países del sur y este de Europa, no pueden servir de coartada para que los
gobiernos del norte se desentiendan de su corresponsabilidad en la crisis
económica y el deterioro de las condiciones de vida en toda la Unión. La CES y
el Alter Summit reclaman una mayor justicia social, el fortalecimiento del
Estado del Bienestar y la derogación del Pacto por la Estabilidad y el
Crecimiento, que con su receta dogmática de austeridad y competencia salarial
está precipitando a los trabajadores de toda Europa a un foso de pérdida de
calidad de vida, incierto porvenir y desigualdades crecientes.
26
millones de parados; políticas que destruyen empleo y aumentan la concentración
de la riqueza, la emigración y el miedo; una desigualdad en la renta familiar
media que supera la relación 1:10 entre la región más pobre y la más rica de la
UE; unos salarios mensuales que van de los 300 € a los más de 100.000 para
algunos profesionales; un peso cada vez mayor de las rentas del capital frente
a los salarios; y un 23% de población en el umbral de la pobreza, frente a un
3% que pertenece a la casta de los millonarios. Estos son los datos del
malestar que recorre Europa, y para los que no hay respuesta adecuada en las
instituciones comunitarias y en los gobiernos nacionales.
El
rescate bancario en Europa, que ha costado más del 13% del PIB de la UE ha
incorporarado leña a la hoguera, pues se han cubierto los riesgos de los
prestamistas, que se beneficiaron del boom especulativo, con deuda pública de
la que responden los contribuyentes europeos. Y en el caso de España, no solo
hemos socializado las pérdidas del sector financiero, sino que hemos blindado
sus créditos al sector público, pues intereses y amortización de sus préstamos
están garantizados por la Constitución, caiga quien caiga, aunque para hacer
frente a esos pagos se tengan que poner a la cola proveedores, cerrar servicios
públicos, reducir dráticamente las prestaciones sociales y malvender o
privatizar el patrimonio público.
Es
inmoral exigir la garantia del pago de la deuda (en España, 40.000 millones de
intereses al año y más de 300.000 millones que habrá que amortizar para cumplir
el objetivo del 60% de deuda sobre el PIB que exige el Tratado de Lisboa),
cuando las políticas de austeridad impuestas por Bruselas hacen imposible que
ese coste se cubra sin deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía.
Quitas y reestructuración de la deuda en algunos países; mancomunar la garantía
de los depósitos, homogeneizar y elevar la fiscalidad directa y tasas que
penalicen las transacciones especulativas; eurobonos, transferencias a las
regiones con elevado desempleo y BCE que preste a Estados, son reformas
imprescindibles si queremos evitar que la zona euro explosione.
Estas
exigencias son las que que la ciudanía reclama al gobierno español, para que
las defienda en las reuniones del Consejo Europeo, aunque buena parte de los
problemas que tenemos son responsabilidad exclusiva de nuestros gobernantes. El
desprestigio y la pérdida de confianza en las cúpulas de los partidos
mayoritarios es de tal magnitud que fortalecer la democracia exige, a estas
alturas, una reforma constitucional y legislativa que satisfaga las
aspiraciones de cohesión social, de participación ciudadana, de vínculo
contractual de las promesas electorales, de transparencia y control de la
gestión pública y de los partidos políticos, de separación de poderes o de
ausencia de privilegios en las instituciones públicas.
Para nada
de todo esto hay que pedir permiso a Europa, aunque sea de interés comunitario
cómo lo resolvamos, pues de la calidad democrática de cada uno de los países de
la UE depende el bienestar y la cohesión social de toda la Unión. Las recientes
elecciones en Italia, como antes en Grecia, Francia o Portugal o las próximas
en Alemania son de interés colectivo, no sólo porque sus resultados afectan a
la prima de riesgo o las expectativas de empleo en teceros países, sino porque
son esos gobiernos los que finalmente negocian en la Comisión Europea las
reglas de juego que imperan en un espacio sin fronteras para las mercancias,
los capitales y las personas.
Legislar
por fanáticos del neoliberalismo o bajo la presión de sospechosos de
corruptelas y nepotismo, sean del país que sean, no augura nada bueno para la
ciudadanía, ni en Alicante, Madrid, Bruselas o Berlín.
Clemente
Hernández. Exprofesor de Economía de la Universidad de Alicante
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
Publicado
en el Diario Información, el 5 de marzo de 2013.
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