18 nov. 2014

El oscuro abrazo de las multinacionales




A mitad del 2013 se iniciaron las negociaciones entre la Comisión Europea y el gobierno de EE UU con el mandato de alcanzar un acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) para su aprobación por el consejo y el parlamento europeo antes del 2016. Se ha cerrado ya la séptima ronda negociadora y, protegidos por el secretismo de las reuniones, loslobbies de las multinacionales a ambos lados del Atlántico han sido consultados y han tenido oportunidad de que se recojan sus intereses en el documento que se está elaborando.

Las asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, sindicatos, pequeños agricultores y algunos partidos políticos han organizado un frente de rechazo en la UE ante los datos que se han filtrado de las negociaciones y el riesgo ambiental y social que está en juego. Hay ya cerca de un millón de firmas recogidas para exigir la suspensión de las reuniones y que el parlamento europeo y los parlamentos nacionales participen con luz y taquígrafos en las deliberaciones desde el primer momento. Esta participación activa es vista con recelo por conservadores y liberales, como lo demuestra el memorándum enviado recientemente a la Comisión Europea por 14 gobiernos de esa orientación política (entre ellos, el de España) para que se aceleren las negociaciones y se mantenga el secreto deliberador, ante el temor de que la transparencia eternice los debates y se retiren del documento materias de interés para las multinacionales pero sensibles a la opinión pública. 

El nudo gordiano de la negociación es homologar a la baja la legislación que regula los mercados de bienes y servicios a ambos lados del Atlántico. Esto puede provocar que el principio de cautela y prevención en seguridad alimentaria que se aplica en Europa se sustituya por el más laxo vigente en EE UU, facilitando el consumo de carne hormonada, piensos transgénicos y vegetales tratados con fitosanitarios prohibidos actualmente en la UE. Y lo mismo puede ocurrir con la protección a la privacidad de los datos individuales que circulan por internet y con los derechos de patente de productos farmacéuticos y las políticas de control de precios e implantación de genéricos, con reglas mucho más garantistas para la ciudadanía en la UE que en EE UU.

Por otro lado, la reducción arancelaria comunitaria a los productos intensivos en consumo de energía, que es mucho más cara en la UE que en EE UU, podría retrasar los esfuerzos europeos por avanzar en las energías renovables y romper la resistencia al fracking y las prospecciones petroleras en territorios europeos sensibles al deterioro ambiental. 

Otra amenaza es la reducción de barreras al comercio de los servicios sanitarios (parece que los servicios educativos y culturales pueden permanecer al margen de la negociación por el veto francés) y la apertura de los concursos públicos a las multinacionales a ambos lados del Atlántico. En una situación como la actual, de recortes en la sanidad pública, las compañías de seguros de EE UU tendrían una ventaja competitiva que podría acelerar la privatización de los servicios de salud, con difícil reversión de este proceso. En efecto, para dificultar la iniciativa pública se propone un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados que elimina las garantías jurídicas que tienen actualmente los gobiernos a la hora de modificar sus normas regulatorias o de acudir a sus propios tribunales de justicia en pleitos por indemnizaciones o quebranto sobre las expectativas de ganancia que tienen las empresas afectadas por un cambio legislativo. 

Todas estas amenazas ciertas no compensan las ventajas del acuerdo. Aunque los informes de impacto que se han filtrado son discutibles por su metodología, se puede afirmar que todo este negocio dejado en manos de las multinacionales que operan a ambos lados del Atlántico va a tener un escaso resultado sobre la producción y el empleo de la UE (se calcula un aumento máximo del 1% del PIB y cerca de 1.300.000 empleos en el plazo de 10 años). Hagan cuentas: ¡0,1% de crecimiento anual y 130.000 empleos/año para toda la UE!, al precio reconocido en esos mismos informes de una deslocalización y concentración empresarial que va a afectar a muchas pymes y explotaciones agrarias y a más de 500.000 trabajadores, con una fuerte presión a la baja de los salarios y las condiciones laborales. Todos los esfuerzos por homologar al alza las condiciones laborales, ya bastante difícil entre los 28 países miembros, se verían torpedeados pues EE UU, como caballo de Troya, acabaría imponiendo sus relaciones laborales más liberalizadas. 

Si la liberalización financiera nos llevó a la crisis del 2007, esta liberalización comercial y de inversiones augura una nueva rendición frente a los grandes mercaderes y un escenario de mayor incertidumbre y pérdida de calidad de vida a ambos lados del Atlántico. Aún no está todo decidido, pues depende de la ciudadanía el que se pueda neutralizar la presión que van a ejercer las multinacionales sobre la opinión pública, los gobiernos y los parlamentarios para que se apruebe un TTIP al gusto de sus consejos de administración. El 2015 será el año decisivo en esta batalla de intereses.




Artículo de opinión sobre el TTIP - Clemente Hernández
Miembro de ATTAC-Alacant
Plataforma No al TTIP d'Alacant
Publicado en el Diario Información el 13/11/2014

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