18 may. 2012

Democracia económica


DEMOCRACIA ECONÓMICA

Intervención de Clemente en el ciclo Crisis económica y de legitimidad política organizado por la PIC de Alicante del 11 al 16 de mayo del 2012

Les anuncio  que no me voy a referir a la “calidad de la democracia”, esto es a la existencia o no de participación efectiva de la ciudadanía y su legitimación en los países de esta Europa rica pero en bancarrota, sino que hablaré del papel que asignamos a las instituciones que dirimen el conflicto de opiniones e intereses entre las personas y grupos sociales que intervienen en la actividad económica. Instituciones que remiten a los poderes públicos, a los protagonistas de los mercados y a las relaciones de cooperación y ayuda mutua. Salvo para fundamentalistas extremos, todas estas instituciones son útiles combinadas en la proporción adecuada. Acertar en la receta, en suplir los excesos o carencias y en su plasticidad para cada tiempo y lugar es el reto que tenemos siempre los demócratas.

No me dedicaré, pues, a reflexionar sobre las condiciones objetivas que permiten la  democracia directa o que obligan a la democracia representativa, y que tienen que ver con la evolución tecnológica, la fragmentación social y la complejidad de las decisiones a tomar (las nuevas tecnologías permiten hoy cambios revolucionarios en la forma de participación); ni me referiré al rico debate entre confianza mutua, democracia y desarrollo económico y social; ni al grado de transparencia, independencia e igualdad de oportunidades que se requieren para tomar decisiones democráticas; ni a la coherencia entre las decisiones democráticas, su consistencia y su aplicabilidad; ni a la cultura democrática de las sociedades, esto es, el respeto a la discrepancia, y que tanto tiene que ver con los prejuicios, los valores, la información, la formación y la vocación participativa de los ciudadanos y ciudadanas y que el propio sistema modula. Demasiadas cosas importantes me dejo, por lo que quedan advertidos de la insuficiencia de mi punto de vista. 

Me limitaré a dar respuesta a la pregunta de hasta dónde llegan los poderes públicos frente a las decisiones de los inversores, empresarios y consumidores y en diagnosticar si los gobiernos tienen poder suficiente para gestionar las economías nacionales en un mundo globalizado. Aunque hay matices importantes que pueden diferenciar la respuesta para países y empresas con sistemas económicos distintos, muchas de las cosas que voy a decir son aplicables a empresas públicas o privadas, a países de capitalismo de Estado, de economía social de mercado o de economía liberal. Aunque no es baladí que en la diferencia hay consecuencias importantes para los ciudadanos y ciudadanas de esos países.

Comencemos pues. Hablar de democracia económica es hablar del derecho a la participación de todas las personas afectadas por las decisiones que se toman para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad.  A estos ámbitos me refiero ahora.


1. EN EL AMBITO DE LA PRODUCCIÓN  
Desde las empresas familiares a las cooperativas, las empresas públicas o las sociedades anónimas hay un amplio abanico de formas jurídicas en el mundo de hoy. Y todos hemos oído eso de “la empresa es mía y aquí mando yo”.

Todas las empresas tienen en común que el propietario se apropia del beneficio y decide su destino. Pero el impuesto de sociedades y las provisiones legales pueden reducir su volumen y discrecionalidad, legitimando esta intervención por el hecho de que la ganancia y la productividad son también méritos del conjunto de los trabajadores y de la sociedad que lo hace posible. No es preciso decirlo tan alto como Proudhon o Marx con sus proclamas de que la “propiedad es un robo” o la “plusvalía una explotación”.

Es común también referirse a los problemas de agencia, esto es de desacuerdos entre lo que hacen los ejecutivos o propietarios-gestores y el resto de propietarios. Así ocurre en las sociedades anónimas, las grandes cooperativas, las empresas y las administraciones públicas, incluso las cogestionadas. Por ejemplo, las Cajas de Ahorro, que forman sus consejos de administración con delegados de los impositores, los trabajadores y los poderes públicos, y todos nos sentimos estafados por lo que ha ocurrido en muchas de ellas (resulta esperpéntico el caso de la CAM, en la que algunos de sus consejeros han confesado, sin rubor, no estar cualificados para tal función o que los ejecutivos amañaban las elecciones entre los depositantes).

Es el propietario también quien decide la política de la empresa y la organización del trabajo, con los límites que le impone la legislación laboral y la fuerza negociadora de los trabajadores. Y es evidente que la actual reforma laboral ha reforzado la discrecionalidad del empresario y sabemos que las  cooperativas, empresas cogestionadas o con fuerte presencia sindical tienen más limitada esa discrecionalidad.

Se producen también relaciones de poder derivadas de la división técnica del trabajo que se reflejan en desiguales condiciones laborales y posición jerárquica entre los trabajadores, generalmente en perjuicio de las mujeres, los menos cualificados y los más jóvenes o recién llegados o sobre aquellos que tienen algún estigma social. Circunstancias que, aunque mucho menos frecuentes, se dan incluso en empresas autogestionadas. Aquí, de nuevo, son los poderes públicos y los cambios en los valores y la cultura laboral los que pueden propiciar estructuras de trabajo más horizontales.

Pero es que, además, el resto de las empresas, los clientes y el conjunto de la sociedad se ven afectados por las decisiones que toma cada empresario, por eso los poderes públicos, asociaciones profesionales, patronales, sindicatos, asociaciones cívicas o de consumidores tienen toda la legitimidad para exigir normas de obligado cumplimiento a los propietarios de las empresas. Y de nuevo, es sabido que la presencia de estos actores en los consejos de administración o su influencia en la política empresarial es una excepción o está muy sesgada. Cogestión, responsabilidad corporativa y normas administrativas de obligado cumplimiento son las recetas de “buenas prácticas” que sabemos que hay que implantar o mejorar..


2.EN EL AMBITO DE LA DISTRIBUCION Y EL CONSUMO
Las relaciones de las empresas entre sí y con los consumidores finales pueden ser obligadas por la administración (por ejemplo, el control estricto de esas relaciones en economías de guerra, donde las cartillas de racionamiento y la producción dirigida centralmente están a la orfen del día), orientadas por criterios de ayuda mutua o cooperación (es el caso de las donaciones o transferencias de unas familias o empresas a otras, sin contraprestación), o regidas por criterios de mercado (tanto da que sea de trueque o mediatizado por el dinero).  Es evidente, por otro lado, que en el capitalismo en tiempos de paz son las relaciones de mercado las que dominan. Me voy a referir, precisamente, a algunos de los problemas que generan o no pueden resolver los mercados y que justifican, el menos en esos casos, la intervención pública o las actuaciones de cooperación y ayuda mutua.   

a) LAS  ESTRUCTURAS DE MERCADO OLIGOPÓLICO
Las relaciones de las empresas entre sí y con los consumidores reflejan una fuerte jerarquía en beneficio de las grandes empresas y las que ocupan un papel decisivo en la cadena de creación de valor de las mercancías. Hoy, ese poder está en manos de las multinacionales y los grandes grupos comerciales y financieros, que llevan 30 años concentrando sus capitales y actuando en mercados cada vez más abiertos y liberalizados. Bastantes de esas empresas generan una cifra de negocios que supera el PIB de muchos países y tienen un papel estratégico en la dotación de la energía, las materias primas, el conocimiento, la tecnología y la financiación que les permite chantajear y corromper con facilidad a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto. Este es, a mi juicio, el principal desencuentro que se produce hoy entre “la democracia y la economía”. Y el reto más difícil de resolver.

B) LA INSEGURIDAD ECONÓMICA Y LA CRISIS
Es sabido que la generación de beneficios en las empresas capitalistas y su reinversión a través de los mercados provocan incertidumbre e inestabilidad, conducen a episodios de crisis recurrentes y no responden a escenarios sostenibles a largo plazo. De ahí la necesidad de la planificación estatal y de las políticas keynesianas y distributivas. Asombra observar lo fácil que es olvidar que estas tendencias están en el ADN del capitalismo y la corta memoria histórica de muchos economistas, cómplices de la mitificación de las bondades del mercado en sus paradigmas económicos.

En mercados globalizados, estos problemas adquieren dimensión internacional y la POLÍTICA sólo es eficaz desde instituciones internacionales. Lo cual nos lleva a dar algunas pinceladas sobre las carencias del orden mundial, regido por instituciones donde están presentes los gobiernos de los países, pero con el poder que refleja su porcentaje o  papel estratégico en la generación del PIB mundial y con las limitaciones de la baja calidad democrática de muchos de sus gobiernos.

El FMI, El BM y la OMC han impuesto una estrategia de liberalización comercial y financiera internacional sin trabas y sin homologar las condiciones políticas, sociales, fiscales, ambientales y laborales. Los desequilibrios han beneficiado a las multinacionales y los grupos financieros internacionales que han obligado a los países deudores e importadores netos a programas de austeridad, a la venta de su patrimonio público y a la igualación de las condiciones laborales y de vida con los países más atrasados. Y están tripulando un Titanic medioambiental a punto de naufragar.

Para los países del Euro la impotencia de los gobiernos nacionales (de mayor o menor calidad democrática, da igual) es aún mayor, pues han renunciado a los instrumentos básicos de la gestión de los desequilibrios como son el tipo de cambio, la creación de dinero, los tipos de interés, el déficit y la deuda pública para seguir los dictados de un BCE cuyo único objetivo es mantener la inflación en el 2% anual y tiene prohibido financiar gobiernos, y de un Consejo Europeo que dispone de un presupuesto ridículo (el 1% del PIB) para hacer frente a los desequilibrios territoriales que provocan sus mismas decisiones. Si este es el futuro del Euro mejor ir pensando en bajarse, pues deja a los gobiernos nacionales como meros gestores o alcaldes de pueblo, sin gobernanza europea capaz de enfrentarse a la irracionalidad de los mercados.

d) LAS DESIGUALDADES Y EL CONSUMISMO.
Los mercados asignan rentas y oportunidades muy desiguales a empresarios y trabajadores y dentro de cada uno de estos colectivos, y conducen a la exclusión a los perdedores y perdedoras. Y estas diferencias han ido aumentando ha medida que hemos dado alas a las fuerzas del mercado. Son las políticas fiscales, de gasto social y las redes de solidaridad y ayuda mutua las que se pueden enfrentar a estas situaciones. Es conocido también que la derecha prefiere la caridad y la filantropía en lo que nosotros reclamamos como derecho y obligación colectiva.
        
Y el modelo de consumo tiene como patrón la propia renta que el mercado asigna a cada uno - “tanto ganas, tanto vales” - y la orientación que publicitarios y medios de comunicación dan a la moda, la reposición de productos y el estilo de vida a emular. El afán de tener más que los demás, el individualismo y la admiración a los más ricos son parte del ADN del sistema, mientras que la ganancia creciente alimenta una espiral de consumo de lujo y compra de derechos de propiedad de los muy ricos sobre el patrimonio ya existente. Podemos tener familias sin casa y triunfadores con palacetes a la orilla del mar, y nos dicen que no es posible luchar contra esa realidad, que siempre ha habido ricos y pobres y que cada uno tiene lo que se merece. La paradoja es que se prohíben algunos mercados por razones morales o de salud pública, mientras se bendicen otros  que nacen del poder de las grandes fortunas y el terrorismo financiero. 

e) LA DOTACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y LOS EFECTOS NO MONETARIOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Hay bienes y servicios que no son excluyentes, nadie se los puede apropiar y se consumen de forma colectiva. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de las ciudades, que nunca deben dejarse en manos de los promotores Inmobiliarios. Tampoco el mercado cubre servicios que generan beneficios colectivos cuando son universales, pero no están al acceso de quienes no los pueden pagar y las empresas no computan los efectos en la huella ecológica, en la calidad de vida y del clima laboral, en los flujos migratorios o en convivencia social que generan las decisiones guiadas por las señales del mercado.

La lista de desaguisados del mercado capitalista se pueda alargar más, pero basta con lo dicho para no dejarse engatusar por quienes idolatran la “libertad de elegir” que permite la mano invisible de los mercados.

Para acabar. Permítanme una parábola antes de dejar la palabra a otra persona. La saco de la película LAS NIEVES DEL KILIMANJARO, muy recomendable, por cierto. Nos cuenta las peripecias de las víctimas de un expediente de regulación de empleo en una empresa francesa que acaba con 20 despedidos que salen de un sorteo organizado por los trabajadores. La decisión, democrática, se traduce en despedidos con desigual situación familiar y derechos adquiridos y en el rencor de los despedidos más precarios sobre los más solventes. Mal augurio: la democracia formal no será suficiente para salvarnos del fascismo, si no hay igualdad, protección social y solidaridad.

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