DEMOCRACIA ECONÓMICA
Intervención de Clemente en el ciclo
Crisis económica y de legitimidad política organizado por la PIC de Alicante del 11 al 16
de mayo del 2012
Les anuncio
que no me voy a referir a la “calidad de la democracia”, esto es a la
existencia o no de participación efectiva de la ciudadanía y su legitimación en
los países de esta Europa rica pero en bancarrota, sino que hablaré del papel
que asignamos a las instituciones que dirimen el conflicto de opiniones e
intereses entre las personas y grupos sociales que intervienen en la actividad
económica. Instituciones que remiten a los poderes públicos, a los protagonistas
de los mercados y a las relaciones de cooperación y ayuda mutua. Salvo para fundamentalistas
extremos, todas estas instituciones son útiles combinadas en la proporción
adecuada. Acertar en la receta, en suplir los excesos o carencias y en su
plasticidad para cada tiempo y lugar es el reto que tenemos siempre los
demócratas.
No me dedicaré, pues, a reflexionar
sobre las condiciones objetivas que permiten la
democracia directa o que obligan a la democracia representativa, y que
tienen que ver con la evolución tecnológica, la fragmentación social y la
complejidad de las decisiones a tomar (las nuevas tecnologías permiten hoy
cambios revolucionarios en la forma de participación); ni me referiré al rico
debate entre confianza mutua, democracia y desarrollo económico y social; ni al
grado de transparencia, independencia e igualdad de oportunidades que se requieren
para tomar decisiones democráticas; ni a la coherencia entre las decisiones
democráticas, su consistencia y su aplicabilidad; ni a la cultura democrática
de las sociedades, esto es, el respeto a la discrepancia, y que tanto tiene que
ver con los prejuicios, los valores, la información, la formación y la vocación
participativa de los ciudadanos y ciudadanas y que el propio sistema modula. Demasiadas
cosas importantes me dejo, por lo que quedan advertidos de la insuficiencia de
mi punto de vista.
Me
limitaré a dar respuesta a la pregunta de hasta dónde llegan los poderes públicos
frente a las decisiones de los inversores, empresarios y consumidores y en
diagnosticar si los gobiernos tienen poder suficiente para gestionar las
economías nacionales en un mundo globalizado. Aunque hay matices importantes
que pueden diferenciar la respuesta para países y empresas con sistemas
económicos distintos, muchas de las cosas que voy a decir son aplicables a empresas
públicas o privadas, a países de capitalismo de Estado, de economía social de
mercado o de economía liberal. Aunque no es baladí que en la diferencia hay
consecuencias importantes para los ciudadanos y ciudadanas de esos países.
Comencemos pues. Hablar de
democracia económica es hablar del derecho a la participación de todas las
personas afectadas por las decisiones que se toman para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. A estos ámbitos me refiero ahora.
1.
EN EL AMBITO DE LA
PRODUCCIÓN
Desde las empresas familiares a las cooperativas, las
empresas públicas o las sociedades anónimas hay un amplio abanico de formas
jurídicas en el mundo de hoy. Y todos hemos oído eso de “la empresa es mía y aquí
mando yo”.
Todas las empresas tienen en común que el propietario
se apropia del beneficio y decide su destino. Pero el impuesto de sociedades y las
provisiones legales pueden reducir su volumen y discrecionalidad, legitimando
esta intervención por el hecho de que la ganancia y la productividad son también
méritos del conjunto de los trabajadores y de la sociedad que lo hace posible.
No es preciso decirlo tan alto como Proudhon o Marx con sus proclamas de que la
“propiedad es un robo” o la “plusvalía una explotación”.
Es común también referirse a los problemas de agencia, esto es de desacuerdos entre lo
que hacen los ejecutivos o propietarios-gestores y el resto de propietarios.
Así ocurre en las sociedades anónimas, las grandes cooperativas, las empresas y
las administraciones públicas, incluso las cogestionadas. Por ejemplo, las
Cajas de Ahorro, que forman sus consejos de administración con delegados de los
impositores, los trabajadores y los poderes públicos, y todos nos sentimos
estafados por lo que ha ocurrido en muchas de ellas (resulta esperpéntico el
caso de la CAM ,
en la que algunos de sus consejeros han confesado, sin rubor, no estar
cualificados para tal función o que los ejecutivos amañaban las elecciones
entre los depositantes).
Es el propietario también quien decide la política de
la empresa y la organización del trabajo, con los límites que le impone la
legislación laboral y la fuerza negociadora de los trabajadores. Y es evidente
que la actual reforma laboral ha reforzado la discrecionalidad del empresario y
sabemos que las cooperativas, empresas
cogestionadas o con fuerte presencia sindical tienen más limitada esa
discrecionalidad.
Se producen también relaciones de
poder derivadas de la división técnica del trabajo que se reflejan en
desiguales condiciones laborales y posición jerárquica entre los trabajadores,
generalmente en perjuicio de las mujeres, los menos cualificados y los más
jóvenes o recién llegados o sobre aquellos que tienen algún estigma social.
Circunstancias que, aunque mucho menos frecuentes, se dan incluso en empresas
autogestionadas. Aquí, de nuevo, son los poderes públicos y los cambios en los
valores y la cultura laboral los que pueden propiciar estructuras de trabajo más
horizontales.
Pero es que, además, el resto de las
empresas, los clientes y el conjunto de la sociedad se ven afectados por las
decisiones que toma cada empresario, por eso los poderes públicos, asociaciones
profesionales, patronales, sindicatos, asociaciones cívicas o de consumidores
tienen toda la legitimidad para exigir normas de obligado cumplimiento a los
propietarios de las empresas. Y de nuevo, es sabido que la presencia de estos
actores en los consejos de administración o su influencia en la política
empresarial es una excepción o está muy sesgada. Cogestión, responsabilidad
corporativa y normas administrativas de obligado cumplimiento son las recetas
de “buenas prácticas” que sabemos que hay que implantar o mejorar..
2.EN EL AMBITO DE LA DISTRIBUCION Y
Las relaciones de las empresas entre sí y con los
consumidores finales pueden ser obligadas por la administración (por ejemplo,
el control estricto de esas relaciones en economías de guerra, donde las
cartillas de racionamiento y la producción dirigida centralmente están a la
orfen del día), orientadas por criterios de ayuda mutua o cooperación (es el
caso de las donaciones o transferencias de unas familias o empresas a otras,
sin contraprestación), o regidas por criterios de mercado (tanto da que sea de
trueque o mediatizado por el dinero). Es
evidente, por otro lado, que en el capitalismo en tiempos de paz son las relaciones
de mercado las que dominan. Me voy a referir, precisamente, a algunos de los
problemas que generan o no pueden resolver los mercados y que justifican, el
menos en esos casos, la intervención pública o las actuaciones de cooperación y
ayuda mutua.
a) LAS
ESTRUCTURAS DE MERCADO OLIGOPÓLICO
Las relaciones de las empresas entre sí y con los
consumidores reflejan una fuerte jerarquía en beneficio de las grandes empresas
y las que ocupan un papel decisivo en la cadena de creación de valor de las mercancías.
Hoy, ese poder está en manos de las multinacionales y los grandes grupos comerciales
y financieros, que llevan 30 años concentrando sus capitales y actuando en
mercados cada vez más abiertos y liberalizados. Bastantes de esas empresas
generan una cifra de negocios que supera el PIB de muchos países y tienen un
papel estratégico en la dotación de la energía, las materias primas, el
conocimiento, la tecnología y la financiación que les permite chantajear y
corromper con facilidad a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto.
Este es, a mi juicio, el principal desencuentro que se produce hoy entre “la
democracia y la economía”. Y el reto más difícil de resolver.
B) LA INSEGURIDAD ECONÓMICA
Y LA CRISIS
Es sabido que la generación de beneficios en las
empresas capitalistas y su reinversión a través de los mercados provocan
incertidumbre e inestabilidad, conducen a episodios de crisis recurrentes y no
responden a escenarios sostenibles a largo plazo. De ahí la necesidad de la
planificación estatal y de las políticas keynesianas y distributivas. Asombra
observar lo fácil que es olvidar que estas tendencias están en el ADN del
capitalismo y la corta memoria histórica de muchos economistas, cómplices de la
mitificación de las bondades del mercado en sus paradigmas económicos.
En mercados globalizados, estos problemas adquieren
dimensión internacional y la
POLÍTICA sólo es eficaz desde instituciones internacionales.
Lo cual nos lleva a dar algunas pinceladas sobre las carencias del orden
mundial, regido por instituciones donde están presentes los gobiernos de los
países, pero con el poder que refleja su porcentaje o papel estratégico en la generación del PIB
mundial y con las limitaciones de la baja calidad democrática de muchos de sus
gobiernos.
El FMI, El BM y la OMC han impuesto una
estrategia de liberalización comercial y financiera internacional sin trabas y
sin homologar las condiciones políticas, sociales, fiscales, ambientales y
laborales. Los desequilibrios han beneficiado a las multinacionales y los
grupos financieros internacionales que han obligado a los países deudores e
importadores netos a programas de austeridad, a la venta de su patrimonio
público y a la igualación de las condiciones laborales y de vida con los países
más atrasados. Y están tripulando un Titanic medioambiental a punto de
naufragar.
Para los países del Euro la
impotencia de los gobiernos nacionales (de mayor o menor calidad democrática,
da igual) es aún mayor, pues han renunciado a los instrumentos básicos de la
gestión de los desequilibrios como son el tipo de cambio, la creación de
dinero, los tipos de interés, el déficit y la deuda pública para seguir los
dictados de un BCE cuyo único objetivo es mantener la inflación en el 2% anual
y tiene prohibido financiar gobiernos, y de un Consejo Europeo que dispone de
un presupuesto ridículo (el 1% del PIB) para hacer frente a los desequilibrios
territoriales que provocan sus mismas decisiones. Si este es el futuro del Euro
mejor ir pensando en bajarse, pues deja a los gobiernos nacionales como meros
gestores o alcaldes de pueblo, sin gobernanza europea capaz de enfrentarse a la
irracionalidad de los mercados.
d) LAS DESIGUALDADES Y EL CONSUMISMO.
Los mercados asignan rentas y oportunidades muy
desiguales a empresarios y trabajadores y dentro de cada uno de estos
colectivos, y conducen a la exclusión a los perdedores y perdedoras. Y estas
diferencias han ido aumentando ha medida que hemos dado alas a las fuerzas del
mercado. Son las políticas fiscales, de gasto social y las redes de solidaridad
y ayuda mutua las que se pueden enfrentar a estas situaciones. Es conocido
también que la derecha prefiere la caridad y la filantropía en lo que nosotros
reclamamos como derecho y obligación colectiva.
Y el modelo de consumo tiene como patrón la propia
renta que el mercado asigna a cada uno - “tanto ganas, tanto vales” - y la
orientación que publicitarios y medios de comunicación dan a la moda, la
reposición de productos y el estilo de vida a emular. El afán de tener más que
los demás, el individualismo y la admiración a los más ricos son parte del ADN
del sistema, mientras que la ganancia creciente alimenta una espiral de consumo
de lujo y compra de derechos de propiedad de los muy ricos sobre el patrimonio
ya existente. Podemos tener familias sin casa y triunfadores con palacetes a la
orilla del mar, y nos dicen que no es posible luchar contra esa realidad, que
siempre ha habido ricos y pobres y que cada uno tiene lo que se merece. La
paradoja es que se prohíben algunos mercados por razones morales o de salud
pública, mientras se bendicen otros que
nacen del poder de las grandes fortunas y el terrorismo financiero.
e) LA
DOTACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y LOS EFECTOS NO MONETARIOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Hay bienes y servicios que no son excluyentes, nadie
se los puede apropiar y se consumen de forma colectiva. Eso ocurre, por
ejemplo, en el caso de las ciudades, que nunca deben dejarse en manos de los promotores
Inmobiliarios. Tampoco el mercado cubre servicios que generan beneficios
colectivos cuando son universales, pero no están al acceso de quienes no los
pueden pagar y las empresas no computan los efectos en la huella ecológica, en
la calidad de vida y del clima laboral, en los flujos migratorios o en convivencia
social que generan las decisiones guiadas por las señales del mercado.
La lista de desaguisados del mercado capitalista se
pueda alargar más, pero basta con lo dicho para no dejarse engatusar por
quienes idolatran la “libertad de elegir” que permite la mano invisible de los
mercados.
Para
acabar. Permítanme una parábola antes de dejar la palabra a otra persona. La
saco de la película LAS NIEVES DEL KILIMANJARO, muy recomendable, por cierto. Nos
cuenta las peripecias de las víctimas de un expediente de regulación de empleo
en una empresa francesa que acaba con 20 despedidos que salen de un sorteo organizado
por los trabajadores. La decisión, democrática, se traduce en despedidos con
desigual situación familiar y derechos adquiridos y en el rencor de los despedidos
más precarios sobre los más solventes. Mal augurio: la democracia formal no
será suficiente para salvarnos del fascismo, si no hay igualdad, protección
social y solidaridad.
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