Con
la mafia, las deudas son deudas de sangre, y se mata a los hijos por lo que
deben sus padres. Deberíamos de esperar otro comportamiento en las sociedades
civilizadas, pero se nos pide que nos cortemos nosotros mismos la mano por las
deudas contraídas por nuestros gobiernos.
Al
responder prioritariamente por la deuda pública, como ya hemos reconocido en
nuestra Constitución, el inversor no pierde ni un euro de su préstamo al
vencimiento y cobra los intereses año a año, aunque arda Roma ¿Dónde queda el
riesgo si el único que lo soporta es el deudor? A mi juicio, se debe exigir una
quita a los inversores que han cobrado la prima de riesgo y son corresponsables
de nuestra insolvencia actual. Buena parte de la deuda tiene su origen en una
fiscalidad que beneficia a las rentas del capital, en el fraude fiscal de esas
mismas rentas y en las obligaciones impuestas por los mismos acreedores, siendo
pues una deuda ilegítima que no deberíamos pagar.
El
90% del aumento de la deuda pública desde 2007 se debe a la caída de los
ingresos provocada por los programas de austeridad. Hay, pues, una
responsabilidad de los acreedores que nos obligan a entrar en recesión para
poder cobrar, con la paradoja de que aumenta el peso de la deuda, y es justo
exigir que carguen con el coste social que ellos mismos están provocando con la
firma de los gobiernos. El Pacto por la Estabilidad ha beneficiado a los países de la UE que son exportadores y
prestamistas netos, nunca tuvo que firmarlo España. Y aunque todo apunta a una
nueva agenda europea que puede rectificar aquel desastre, mientras reinventamos
Europa, es urgente condonar y renegociar la deuda actual, nos los deben los
acreedores de Alemania y sus satélites.
¿Y
qué ocurre con los inversores que han recibido bonificaciones y exenciones
fiscales en los años del “boom”? Es de justicia un impuesto al patrimonio y las
rentas del capital que compense las prebendas recibidas. ¿Por qué las rentas
del capital siguen con un tipo marginal del 21% y las rentas del trabajo del
52%?, ¿por qué el tipo efectivo del impuesto de sociedades que pagan los bancos
es menor que el que pagan las pymes?, ¿por qué se reparten dividendos y sueldos
millonarios en bancos y empresas que reciben ayudas?, ¿por qué es legal la ingeniería
financiera especulativa y fraudulenta?
¿Y
qué ocurre con la deuda pública emitida para sanear las cuentas del sector
financiero, garantizando así la devolución de los bonos y cédulas que los
bancos han suscrito con financieros privados? La avaricia de los banqueros
españoles castiga a las familias hipotecadas y a los pequeños inversores que
acudieron con engaño a la compra de bonos o acciones preferentes, pero mantienen
una solidaridad inquebrantable con sus socios europeos a los que prometen pagar
con el aval y la deuda pública. Esto es lo que ha pasado con los programas de
rescate a través del FROB, que ya ha comprometido unos 70.000 millones de euros
en avales y otros 50.000 en ayudas y préstamos.
Además,
los bancos utilizan el dinero que les presta el BCE para comprar deuda pública,
con un margen que utilizan en su beneficio, y para que los tenedores de bonos
bancarios puedan cobrar y guardar su dinero en Alemania, mientras familias y pequeñas
empresas no consiguen crédito ni rebajar sus deudas. El último episodio de esta
estrategia es el rescate al sistema financiero, nada menos que 100.000 millones
para que los bancos y cajas puedan absorber las pérdidas derivadas de los
excesos del pasado, excesos alimentados con 700.000 millones de euros que
pidieron prestados a banqueros y otros inversores institucionales europeos en
los años del boom. Esas han sido inversiones muy rentables y para garantizar su
amortización el gobierno cubre el riesgo con deuda pública.
En
España tenemos, pues, una deuda privada que se está socializando. Hay que
prohibir que el rescate de bancos se convierta en un rescate a los inversores corresponsables
de nuestra situación y en una ayuda a beneficio de inventario sin coste para
accionistas y ejecutivos de las instituciones que reciban el dinero. Las
Plataformas por la Auditoria Ciudadanala Deuda que
se están constituyendo en toda Europa pretenden que se audite la deuda para no
pagar aquella que se haya contraído en condiciones ilegítimas o sea
insostenible.
No
estamos, todavía, en un escenario de suspensión de pagos como Grecia, Irlanda o
Portugal, pero ese momento se acerca y necesitamos abrir los libros para cuantificar
lo que debemos reclamar a la Troika y a nuestros
acreedores nacionales o internacionales.
Es inmoral y suicida pretender que paguen justos por pecadores.
Clemente Hernández. Exprofesor de Economía de la Universidad de Alicante
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
y miembro del Comité de Coordinación y del Comité Científico de ATTAC-Alacant.
Publicado en el diario Información, el 19 de junio de 2012.
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